La investigación por la muerte de Juan Pablo Abazo (39) en la ciudad de Córdoba dio un giro decisivo en las últimas horas: lo que inicialmente fue considerado un incendio doméstico derivó en una causa por homicidio calificado por el vínculo. Por el hecho fue imputada su pareja, Inés Contreras Ponce (42), una cabo de la Policía provincial que actualmente permanece internada en el Hospital Neuropsiquiátrico.
El hombre había ingresado el pasado 11 de abril al Instituto del Quemado con lesiones graves, entre ellas quemaduras en el 35% del cuerpo —principalmente en brazos y espalda— y una herida cortopunzante en el tórax. Tras diez días de internación en estado crítico, falleció el 21 de abril como consecuencia de las complicaciones derivadas de su cuadro.
Desde la Fiscalía de Instrucción de 41° nominación, a cargo de Alejandro Smith, confirmaron que la acusada será sometida a una pericia interdisciplinaria para determinar si comprende la criminalidad del hecho, si está en condiciones de afrontar el proceso penal y cuál era su estado mental al momento del episodio.
Un incendio que despertó sospechas
El hecho ocurrió el 10 de abril de 2026 en la vivienda que la pareja compartía en barrio Lo Tengo Argüello Norte, en la capital cordobesa. Según la reconstrucción judicial, alrededor de las 18 se desató un incendio en el dormitorio que rápidamente se propagó por el inmueble.
Tras un llamado de vecinos, acudieron al lugar efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia. Una vez controladas las llamas, los rescatistas encontraron a Abazo con vida, aunque en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado, donde quedó internado en terapia intensiva.
En paralelo, Contreras Ponce también fue asistida, aunque se constató que no presentaba lesiones de gravedad.
En un primer momento, el episodio fue abordado como un siniestro accidental. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el personal médico detectó en la víctima una herida compatible con arma blanca en la zona torácica. Ese hallazgo motivó la inmediata intervención judicial y el inicio de una investigación más profunda.
Peritajes posteriores habrían indicado que el fuego fue presuntamente intencional, lo que reforzó la hipótesis de un ataque previo seguido de un intento de encubrimiento mediante el incendio.
La hipótesis de una discusión violenta
De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, la principal línea investigativa apunta a que el hecho se habría desencadenado en el marco de una discusión de pareja. Según trascendió, ambos mantenían una relación conflictiva, atravesada por tensiones previas.
Los investigadores sostienen que, en circunstancias aún no completamente esclarecidas, la discusión habría escalado a una pelea física. En ese contexto, Abazo habría sido apuñalado en el pecho con un cuchillo, tras lo cual se habría originado el incendio en la vivienda.
Si bien aún restan pericias clave, el informe de bomberos y otros elementos recolectados en la escena fueron determinantes para orientar la causa hacia un presunto homicidio.
La gravedad de las lesiones sufridas por la víctima —tanto por la puñalada como por las quemaduras externas e internas, especialmente en las vías respiratorias— complicaron su evolución clínica desde el primer momento. Finalmente, su fallecimiento llevó a la fiscalía a agravar la imputación.
Pericias psiquiátricas y situación procesal
Uno de los puntos centrales de la causa es la evaluación del estado mental de la imputada. Al momento del hecho, Contreras Ponce se encontraba en situación pasiva dentro de la fuerza policial por licencia psiquiátrica, lo que llevó a la Justicia a ordenar estudios específicos.
“La intención de la Fiscalía Nº 41, a cargo de Alejandro Smith, es determinar si la cabo de policía comprende el hecho y cuál es su aptitud, al tiempo que se busca saber si tuvo algún trastorno mental y cuál fue al momento que sucedió todo; y si dirigió sus actos”.
Actualmente, la mujer permanece alojada en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio Juniors, donde será sometida a una serie de evaluaciones interdisciplinarias.
El resultado de estas pericias será clave para el futuro del proceso judicial. En caso de que los especialistas determinen que la imputada es imputable, continuará sometida a proceso penal y podría enfrentar una eventual condena a prisión perpetua. En cambio, si se concluye que es inimputable, su situación quedará sujeta a medidas de seguridad y tratamiento en el ámbito de la salud mental.
Desde la fiscalía señalaron que el objetivo de los estudios es “determinar su capacidad de comprensión del hecho y aptitud procesal”, elementos fundamentales para avanzar en la causa.
Mientras tanto, la investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos en el interior de la vivienda. El caso, que combina elementos de violencia extrema, posible intencionalidad y un contexto de salud mental, mantiene en vilo a la comunidad y abre interrogantes sobre las circunstancias que derivaron en un desenlace fatal.
