La situación en la frontera de Venezuela volvió a quedar bajo la lupa luego de las fuertes declaraciones del abogado, ex diputado y defensor de derechos humanos Juan Bautista García Escalona, quien advirtió que el narcotráfico y los grupos armados irregulares han consolidado estructuras de poder que condicionan la vida social, económica y política en distintas regiones del país.
En una entrevista concedida a Infobae, García Escalona sostuvo que el estado Apure se convirtió desde hace años en un punto clave para el tráfico de cocaína y otras economías ilegales que se proyectan hacia mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, Colombia, países europeos y naciones árabes.
El dirigente cuestionó duramente la versión oficial sobre la seguridad fronteriza y aseguró que la soberanía venezolana se encuentra seriamente comprometida. Según afirmó, en amplias zonas limítrofes el control territorial quedó en manos de actores armados vinculados al narcotráfico, que “definen rutas, silencios y alianzas”, mientras el Estado pierde capacidad real de ejercer autoridad.
Entre las organizaciones mencionadas aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, grupos a los que acusó de mantener presencia activa en regiones como Apure, Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar.
García Escalona denunció además que la expansión de estas estructuras criminales estuvo acompañada por fenómenos como el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de personas y el lavado de dinero, actividades que, según remarcó, terminaron corrompiendo instituciones públicas y debilitando la vida comunitaria en la frontera.
Uno de los aspectos más delicados planteados por el abogado fue la situación de las comunidades indígenas. En ese sentido, alertó sobre presuntos secuestros y traslados forzados de niños desde localidades de Apure hacia territorio colombiano, en medio de sospechas de trata de personas y otros delitos graves.
El referente de derechos humanos aseguró que estas denuncias fueron presentadas en reiteradas ocasiones ante el Ministerio Público venezolano, aunque afirmó que nunca se avanzó en investigaciones concretas. Incluso relató que recibió advertencias para que dejara de presentar denuncias vinculadas a estos hechos.
En su análisis, el dirigente sostuvo que la crisis fronteriza ya no puede considerarse un fenómeno aislado, sino parte de un “modelo de control paralelo” donde economías ilegales y grupos armados ocuparon espacios que anteriormente correspondían al Estado.
También apuntó contra sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al denunciar presuntos vínculos entre funcionarios militares y organizaciones irregulares. Según explicó, existen acusaciones sobre el uso de recursos oficiales, como armas, vehículos y embarcaciones, por parte de estructuras guerrilleras que operan en la región.
En relación con los enfrentamientos registrados en 2021 entre el Ejército venezolano y facciones disidentes de las FARC en Apure, García Escalona consideró que la situación terminó agravándose. Aseguró que el Estado habría favorecido indirectamente al ELN en la disputa territorial, profundizando así la violencia y el control armado sobre la población civil.
Finalmente, el abogado advirtió que la impunidad y la falta de investigaciones oficiales permiten la expansión de estas redes criminales y reclamó una respuesta institucional “urgente y sin maquillajes” para recuperar el control de las zonas fronterizas y garantizar la protección de los habitantes.
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