El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la histórica destitución de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Roberto Pizarro por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006. El fallo, considerado inédito en la provincia por tratarse de la expulsión simultánea de tres funcionarios judiciales, concluyó que incurrieron en “negligencia grave” y “mal desempeño” durante las distintas etapas de la causa.
La resolución, de más de 220 páginas, sostiene que los fiscales abandonaron de manera prematura una línea investigativa considerada razonable: la vinculada a los trabajadores que habían estado en la vivienda de Villa Golf, entre ellos el parquetista Roberto Bárzola, señalado hoy como principal sospechoso.
Según el Jury, los investigadores no profundizaron sobre Bárzola pese a que desde los primeros años de la causa existían informes y pruebas relevantes que lo comprometían. Entre esos elementos, se mencionan estudios realizados por el Ceprocor, el laboratorio del doctor Ballantyne y el FBI, que advertían sobre la presencia de un ADN compatible con un sospechoso claro hallado en la bata de la víctima.
La legisladora Julieta Rinaldi, quien presidió el tribunal, explicó que los fiscales sostuvieron imputaciones “sin sustento objetivo” y desviaron la investigación hacia integrantes del entorno familiar de Nora Dalmasso sin contar con evidencia suficiente. El jurado también cuestionó que nunca se abordara el caso bajo una perspectiva de violencia de género, tal como indican los protocolos vigentes, y que en cambio se priorizaran aspectos de la vida privada de la víctima que resultaban irrelevantes para esclarecer el crimen.
En relación con cada uno de los exfuncionarios, el fallo puntualiza distintas responsabilidades. Sobre Di Santo, señala que mantuvo durante años hipótesis contradictorias, apuntando simultáneamente a Facundo Macarrón y a Gastón Zárate. Respecto de Miralles, el Jury consideró que impulsó una acusación especulativa contra el viudo Marcelo Macarrón, utilizando pruebas descartadas y sin evidencias concretas que sostuvieran la teoría de un viaje desde Uruguay para cometer el crimen.
En cuanto a Pizarro, el tribunal sostuvo que construyó una hipótesis de sicariato sin identificar a supuestos autores materiales ni demostrar la existencia de un acuerdo criminal o pago económico detrás del asesinato.
La resolución ratificó en todos sus términos el planteo de la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, quien había impulsado el proceso disciplinario. No obstante, las defensas de los tres fiscales anticiparon que apelarán la decisión y buscarán que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, tanto la familia Macarrón como el fiscal Pablo Jávega insisten en avanzar hacia un eventual juicio contra Roberto Bárzola, aun cuando la causa se encuentra prescripta. El objetivo es intentar esclarecer definitivamente uno de los crímenes más resonantes y controvertidos de la historia judicial cordobesa.
