El tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional quedó postergado al menos hasta agosto debido a la falta de acuerdos en el Senado para avanzar con uno de los puntos centrales del proyecto: la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Fuentes del oficialismo confirmaron que el debate recién se retomará después del receso invernal legislativo, ya que las negociaciones políticas aún no lograron destrabar las diferencias con la oposición dialoguista y sectores aliados.
La iniciativa enviada por la Casa Rosada incluye, además de la eliminación de las PASO, la implementación de la ley de Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios en los requisitos para el reconocimiento de fuerzas nacionales y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y de la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación.
Sin embargo, el principal obstáculo para el oficialismo continúa siendo la resistencia a eliminar las primarias. Tanto la Unión Cívica Radical como el PRO y algunos bloques provinciales rechazan la propuesta y complican la posibilidad de reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma.
Actualmente, el oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar al menos 16 voluntades más para alcanzar la mayoría agravada. No obstante, desde la conducción del bloque libertario reconocieron que los números aún están lejos de garantizarse.
Incluso, según trascendió, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ya habría advertido al Gobierno que “no están los votos para eliminar las PASO”.
Ante ese escenario, comenzaron a evaluarse alternativas intermedias, como convertir las elecciones primarias en optativas o volver a suspenderlas únicamente para los comicios de 2027. Sin embargo, ninguna de esas opciones habría sido aceptada hasta el momento por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Otro punto de tensión surgió cuando el oficialismo rechazó el pedido de la oposición para tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia, iniciativa que cuenta con mayor consenso entre distintos espacios políticos.
Desde el PRO, la UCR y Provincias Unidas habían solicitado prioridad parlamentaria para avanzar específicamente con esa propuesta, que impide ser candidatos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos, pero el tratamiento diferenciado quedó descartado por ahora.
Mientras tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, apenas realizó una reunión informativa sobre el proyecto, en la que expuso la asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.
Entre los principales cambios que impulsa la reforma también figuran nuevas exigencias para el reconocimiento de partidos políticos nacionales, mayores avales para candidaturas presidenciales y legislativas, la ampliación del financiamiento privado para campañas y modificaciones en la Boleta Única de Papel.
El Gobierno buscará aprovechar las próximas semanas para reabrir conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en un intento por alcanzar acuerdos que permitan destrabar una de las reformas políticas más ambiciosas de la actual gestión.
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