El fiscal de instrucción Ernesto de Aragón encabeza una investigación penal en la ciudad de Córdoba por la emisión irregular de licencias de conducir en el CPC de barrio Jardín. La causa cuenta hasta el momento con 22 personas imputadas, entre ellas ocho empleados municipales, de los cuales dos permanecen detenidos. El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada el año pasado por el subdirector de dicho centro operativo ante la sospecha de una oficina paralela.
La fiscalía logró el secuestro de abundante documentación oficial luego de realizar tareas de inteligencia y allanamientos en sedes municipales y domicilios particulares. Los delitos investigados penalmente corresponden a las figuras de falsedad ideológica y abuso de autoridad.
El «modus operandi»
La maniobra consistía en saltear los pasos obligatorios previstos por la normativa vigente para otorgar el carné por primera vez. «Venía alguien recomendado por alguien y no le tomaban el examen, ni el teórico ni el práctico, ninguno de los dos», detalló Ernesto de Aragón.
La fiscalía ya analizó más de 100 legajos y constató al menos 30 hechos irregulares. El fiscal de instrucción describió la gravedad de los hallazgos: «Tenemos casos extremos de gente que no sabía manejar y le dieron el carné, o gente analfabeta que no está habilitada para manejar y le dieron el carné». En otras situaciones menos graves, los propios empleados completaban los exámenes teóricos de los solicitantes.
Funcionarios detenidos
De los ocho empleados y funcionarios municipales involucrados, la mayoría prestaba servicios en las áreas de expedición de licencias. Los dos detenidos poseen alta jerarquía dentro de la estructura administrativa del CPC de barrio Jardín. Según la fiscalía, ambos se encontraban en una situación distinta a los demás por la cantidad de hechos atribuidos y por su capacidad de influir en la causa. El resto de los imputados municipales abarca distintos rangos, como inspectores y becarios.
La investigación judicial descartó, por el momento, la figura de asociación ilícita y el intercambio económico. «No surge de ningún lado que hayan cobrado, ha sido todo como un clientelismo, así por favores y demás», afirmó De Aragón. El fiscal añadió que las personas concurrían recomendadas por amigos o conocidos, sacaban turnos particulares y recibían atención personalizada de los funcionarios implicados.
Destino de los carnés y nexos con otras causas
Los documentos impresos contaban con validez plena ante los controles de tránsito debido a que se emitían mediante sistemas oficiales y por personal autorizado. La fiscalía mantuvo el secreto de sumario para resguardar la investigación, pero remitirá un oficio a la Municipalidad de Córdoba para que las autoridades evalúen las medidas y determinaciones correspondientes sobre las licencias irregulares.
De Aragón aclaró que por cuestiones territoriales su competencia se limita a los hechos ocurridos en el CPC de barrio Jardín. No obstante, esta causa se desarrolla en paralelo a otras irregularidades en el otorgamiento de licencias que presentan nexos con la trama de Barrelier, un expediente que investiga protección interna entre agentes municipales de diversas áreas. La fiscalía continuará con el peritaje de los legajos secuestrados y no descarta nuevas imputaciones.
