La Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) presentó denuncias penales contra varios de los principales bancos del país y compañías aerolíneas por presuntas irregularidades en la retención de cargas sociales y el ingreso de deducciones inconsistentes de sus empleados en el impuesto a las Ganancias. Las presentaciones judiciales, tramitadas recientemente en el fuero penal económico y fiscalías provinciales, apuntan a combatir la pérdida de recaudación fiscal y la informalidad laboral en sectores de alta ocupación.
Los bancos bajo la lupa judicial
Las acciones del organismo recaudador se formalizaron a partir de presentaciones recientes que involucran al Banco Galicia, Banco Santander, el nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe, según consignó una investigación del periodista Horacio Riggi en Clarín. La acusación principal radica en la demora de las entidades para ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social. Al superar el plazo legal de 30 días corridos, la omisión del depósito puede configurar el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Asimismo, las inspecciones detectaron la supuesta retención irregular de IVA y la inclusión de deducciones excesivas por indumentaria laboral con el fin de disminuir el impacto del impuesto a las Ganancias. Fuentes oficiales señalaron que también existe una denuncia en curso contra una empresa aerolínea por retenciones vinculadas a Ganancias y beneficiarios residentes en el exterior.
El rechazo y la defensa del sector financiero
En la city financiera las medidas generaron sorpresa y malestar. Fuentes ligadas a la actividad bancaria calificaron los procedimientos como «fuegos de artificio» y aseguraron que el fisco utiliza al sector como un «chivo expiatorio» para demostrar control. Representantes de las entidades explicaron que las diferencias en los montos son mínimas y responden a una operatoria habitual de liquidación retroactiva de las paritarias sectoriales, las cuales se ajustan una vez conocido el índice de inflación mensual.
Por su parte, desde una de las firmas imputadas emitieron un descargo formal para aclarar la situación institucional:
«Santander Argentina se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales, previsionales y regulatorias y no tiene conocimiento ni ha sido notificado de ninguna denuncia por supuestos incumplimientos sobre las cargas sociales de sus empleados», comunicaron desde la entidad de capitales españoles, ratificando que operan bajo estrictos estándares de control y colaboración con las autoridades.
Los asesores letrados de los bancos cuestionaron que Arca recurra de forma directa a la vía penal económica sin un requerimiento previo de rectificación de las declaraciones juradas. Argumentan que esta política, impulsada por las nuevas autoridades de las áreas técnicas penales de la exAFIP, expone innecesariamente a los directores de las compañías.
Caída de recaudación e inspecciones comerciales
La ofensiva judicial coincide con un panorama fiscal complejo para el Tesoro nacional. Datos del Ministerio de Economía revelaron que la recaudación real retrocedió un 4% interanual en mayo, encadenando 10 meses consecutivos de caída. En este contexto, las cargas sociales representan casi el 40% de los ingresos del Estado, pero acumularon un retroceso equivalente en los primeros cinco meses del año debido a la baja de la actividad económica, la reducción del empleo formal y el deterioro de los salarios.
Ante este escenario, Arca incrementó los operativos de control de personal y detectó elevados niveles de evasión previsional en otros rubros comerciales. Los inspectores de la exAFIP constataron informalidad laboral en las cadenas gastronómicas de pizzerías Kentucky y Ugi’s, así como en plantas frigoríficas y locales de venta de electrodomésticos. «Se los intima a los que no hagan los aportes y, si no los hacen, termina siendo una denuncia penal», precisaron fuentes del organismo estatal.
Contexto de informalidad laboral y exigencias externas
Las intimaciones masivas del fisco alcanzaron también a empleados de la cuarta categoría que registraron erogaciones dudosas para mitigar el pago de Ganancias. Los controles se endurecieron en sintonía con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclama al Gobierno argentino la ampliación de la base de contribuyentes en Ganancias, Monotributo e IVA.
En los despachos oficiales defienden la rigurosidad de las inspecciones actuales. Los funcionarios argumentan que el Estado otorgó previamente herramientas de flexibilización a las empresas, tales como el blanqueo laboral de 2024 (condonación de deudas de aportes), la Ley de Inocencia Fiscal en 2025 (despenalización por diferencias de criterio impositivo) y la reducción de las contribuciones patronales vigente desde el 1 de mayo de 2026 en el marco de la reforma laboral.
A pesar de los incentivos normativos, la precariedad laboral mantiene una tendencia alcista en el país. Cifras elaboradas por el INDEC señalan que el empleo informal o «en negro» escaló al 43% de la población ocupada al cierre del cuarto trimestre de 2025, superando el 41,4% verificado a fines de 2023. La medición oficial refleja que la informalidad afecta a 9 millones de ciudadanos, lo que representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales o unos 330.000 nuevos trabajadores no registrados en el lapso de dos años.
