La disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario volvió a escalar luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano y ordenara al Gobierno nacional poner en marcha de manera inmediata la normativa.
La decisión reavivó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y los sectores universitarios, mientras el oficialismo sostiene que su implementación implicaría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.
Según cálculos del Gobierno, cumplir con la Ley N.º 27.795 requeriría un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos. La administración del presidente Javier Milei argumenta que el Congreso aprobó la norma sin establecer de qué partidas presupuestarias surgirían esos recursos y ratificó que mantendrá como prioridad el objetivo de preservar el superávit fiscal.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen además que la ley vulnera el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que implique un incremento del gasto público debe especificar la fuente de financiamiento correspondiente.
En ese sentido, advierten que, de no existir recursos asignados, la única alternativa sería recurrir a la emisión monetaria, una medida que, afirman, pondría en riesgo el programa económico y podría generar nuevas presiones inflacionarias.
Mientras tanto, los gremios docentes universitarios celebraron el pronunciamiento de la Corte Suprema y cuestionaron la postura del Gobierno. La secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), Ileana Celotto, sostuvo que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de la ley y consideró que el fallo judicial responde al creciente reclamo de docentes, no docentes y estudiantes en defensa del financiamiento universitario.
La dirigente afirmó que el descontento dentro del sistema universitario se profundizó en los últimos meses y anticipó que, con el inicio del segundo cuatrimestre en agosto, podrían retomarse medidas de fuerza y un nuevo plan de lucha para exigir el cumplimiento pleno de la normativa.
En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), Emiliano Cagnacci, destacó que el fallo reafirma la obligación del Estado de cumplir las leyes vigentes. Además, remarcó que la medida cautelar ratificada por la Justicia alcanza tanto a los salarios del personal docente y no docente como al financiamiento de las becas estudiantiles, al considerar que las remuneraciones poseen carácter alimentario.
Pese a la decisión del máximo tribunal, el Gobierno aclaró que el fallo no resuelve la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley y confirmó que continuará impulsando auditorías sobre el uso de los recursos en las universidades nacionales. En ese marco, trascendió que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intensificará los controles sobre la administración de fondos en las distintas casas de estudio.
Con posiciones enfrentadas y sin señales de un acuerdo cercano, el conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo, mientras crece la expectativa por el impacto que pueda tener la resolución judicial en la política presupuestaria y en el funcionamiento de las universidades públicas durante el segundo semestre.
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