La Municipalidad de Villa Allende inicia este lunes a las 22 un esquema de cierre nocturno de calles con la instalación de 13 portones en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. La medida busca disminuir la inseguridad local mediante el bloqueo de vías rápidas de escape para los delincuentes que se movilizan en autos o motos. La iniciativa arranca en medio de una controversia judicializada por vecinos que cuestionan su constitucionalidad ante la Justicia provincial.
Las estructuras de chapa miden más de tres metros de altura. Los agentes de la Guardia Urbana local realizarán la apertura y el cierre de los accesos todos los días entre las 22 y las 6. Los sectores intervenidos mantendrán vías principales habilitadas, paso peatonal y vigilancia continua mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal.
El proyecto sumó el rechazo de un sector de vecinos autoconvocados. La queja por la afectación al tránsito llegó a la Cámara Contencioso Administrativa y luego al Tribunal Superior de Justicia, órgano que todavía no definió la constitucionalidad de la norma.
El aval del intendente y el monitoreo de la Provincia
El intendente Pablo Cornet defendió la vigencia del plan preventivo. En declaraciones a Cadena 3, el jefe municipal aseguró: «No hay nada infalible». Cornet trazó un paralelismo con los loteos privados al afirmar que «si cerrar accesos o blindar barrios con cercos perimetrales y con más seguridad no diera resultado, no existirían los barrios cerrados».
El mandatario local argumentó que el municipio busca cuidar a los habitantes bloqueando las calles utilizadas para la fuga de los delincuentes. El funcionario negó una imposición estatal y detalló que el registro de oposición sumó solo 22 rechazos sobre un total de 1.166 propietarios e inquilinos consultados.
«Cualquier persona puede acceder al barrio, ingresar y salir libremente. A nadie le vamos a impedir el acceso», aclaró Cornet para responder a las críticas sobre las demoras ante posibles emergencias médicas o salidas nocturnas. El titular del Ejecutivo de la ciudad de las Sierras Chicas especificó que la modificación del recorrido para los vecinos cercanos a los portones será de «una cuadra y media o dos cuadras» como máximo.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, evitó opinar sobre la legalidad del cierre en la entrevista con la misma emisora radial. El funcionario provincial declaró que los esquemas organizativos internos corresponden a cada jurisdicción local, mientras ratificó que la Provincia mantiene su responsabilidad exclusiva sobre las tareas de seguridad en el territorio.
