El Gobierno nacional apuesta a la construcción como uno de los sectores clave para dinamizar la actividad económica durante el segundo semestre del año. En ese marco, funcionarios del Ministerio de Economía mantienen conversaciones con representantes empresariales para definir medidas que permitan reactivar la inversión, impulsar el crédito y resolver reclamos pendientes del sector.
El ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la construcción será uno de los motores de la recuperación, junto con otras medidas impulsadas por la administración nacional.
Entre los proyectos destacados se encuentra la concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales, una iniciativa que desde el Ejecutivo esperan que genere mayor movimiento en la actividad vinculada a la obra pública y privada.
Dentro de las negociaciones con las empresas constructoras, uno de los temas centrales es el esquema para cancelar deudas acumuladas con contratistas del Estado. En ese contexto, este martes el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, mantendrá una reunión con autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para avanzar en los detalles de un bono destinado a saldar obligaciones por hasta $220.000 millones.
Sin embargo, la adhesión al mecanismo todavía genera dudas entre las compañías. El principal punto de discusión es que aceptar el bono implicaría desistir de futuros reclamos contra el Estado. Desde el sector explican que algunas empresas podrían optar por incorporarse al acuerdo, mientras que otras podrían continuar con sus reclamos por vías judiciales o administrativas.
Además de la resolución de deudas, el Gobierno y los empresarios analizan alternativas para ampliar el acceso al financiamiento y reactivar el mercado inmobiliario. El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó que se estudian distintas herramientas para facilitar el acceso al crédito en pesos y dólares destinado a la construcción.
Una de las propuestas planteadas por el sector privado consiste en utilizar los recursos obtenidos a través de la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fortalecer el crédito hipotecario. La iniciativa requeriría una ley del Congreso y apunta a destinar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para reducir costos financieros y ampliar las posibilidades de acceso a viviendas para la clase media.
Otro de los proyectos bajo análisis está relacionado con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Empresarios propusieron que, en lugar de existir cuentas individuales administradas por cada compañía, se conforme uno o varios fondos comunes que permitan utilizar los excedentes no destinados al pago de indemnizaciones para financiar créditos hipotecarios.
Desde el sector sostienen que una administración unificada del FAL permitiría aprovechar recursos que actualmente permanecen inmovilizados y destinarlos a inversiones productivas, especialmente vinculadas al desarrollo habitacional.
No obstante, la implementación del FAL continúa demorada. El Gobierno había postergado su entrada en vigencia hasta noviembre de 2026 como parte de los compromisos fiscales acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una nueva extensión del plazo requeriría una modificación legislativa aprobada por el Congreso.
Mientras avanzan las conversaciones, el equipo económico mantiene bajo evaluación las propuestas presentadas por las cámaras empresarias. El objetivo oficial es encontrar mecanismos que permitan estimular la construcción sin comprometer el equilibrio fiscal, en un contexto donde empresarios y funcionarios buscan compatibilizar las necesidades del sector con las restricciones presupuestarias del Estado.
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