El sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba reclama la transferencia de fondos que, según establece la ley, tienen un destino específico para el funcionamiento de las instituciones. En diálogo con el Dr. Ariel Vicario, vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba (FBVPC), explicó que el Gobierno nacional mantiene pendiente la distribución de un remanente correspondiente a 2025 que asciende a $59.330.748.000, recursos que permanecen en las arcas del Estado desde octubre pasado.
El conflicto se centra en el incumplimiento de la Ley Nacional N.º 25.054, sancionada originalmente en 1998 y modificada en 2014, la cual establece un subsidio para las asociaciones de bomberos financiado a través de una contribución obligatoria del 5 por mil sobre las primas de seguros (excepto las de vida). Según Vicario, estos recursos «no están sujetos a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia de la administración nacional», sino que el Estado actúa meramente como agente de recaudación y distribución.
La situación crítica se originó en 2025, cuando la recaudación superó la previsión presupuestaria establecida por la Resolución Ministerial N.º 272. Al producirse este excedente, el Poder Ejecutivo debía tramitar una ampliación presupuestaria para girar el dinero a las instituciones. Sin embargo, tras nueve meses de espera, los fondos siguen sin llegar a destino.
«Es inentendible que esta mora en la distribución de los fondos que tiene el gobierno de la nación no encuentre justificativos de ninguna naturaleza», afirmó Vicario, subrayando que el dinero ingresó al Estado alrededor del 20 de octubre de 2025 y corresponde a la recaudación del tercer trimestre de ese año. A través de pedidos de informes y el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Federación confirmó que el expediente para la modificación presupuestaria estuvo sin movimiento en la Oficina Nacional de Presupuesto durante más de cinco meses, desde febrero hasta finales de mayo de 2026.
Esta parálisis administrativa generó un efecto dominó que ya se siente en el ejercicio 2026. Vicario reveló que, en lo que va del año corriente, solo el 20% de las 163 instituciones que integran la Federación de Córdoba recibieron los fondos correspondientes. Esto implica que el 80% de los cuarteles cordobeses no solo no cobraron el remanente de 2025, sino que tampoco recibieron el subsidio anual básico de este año.
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Impacto en la operatividad y el riesgo extremo de incendios
La preocupación institucional escala ante la realidad climática de la provincia,debido a que Córdoba se encuentra actualmente en temporada alta de incendios. Si bien Vicario destacó que la «correcta administración de recursos» permitió que, hasta el momento, no se obstaculice la asistencia en emergencias, advirtió que la continuidad de esta mora afectará inevitablemente la capacidad de respuesta.
El desfinanciamiento impacta directamente en el mantenimiento de las unidades móviles, la reparación de equipos de alta complejidad y la reposición de elementos de protección personal para los 5.000 bomberos activos que nuclea la Federación. «No se está reclamando una ayuda extra, se está reclamando el cumplimiento de la ley», enfatizó el directivo, recordando que estos fondos tienen una afectación específica, por lo que su desvío hacia otros fines podría constituir el delito de malversación de fondos públicos.
Ante la falta de respuestas de los ministerios de Economía y Seguridad, así como de la Jefatura de Gabinete, la Federación convocó la semana pasada a los diputados y senadores nacionales por Córdoba para exponer la situación y solicitar su acompañamiento. La respuesta política fue dispar: solo asistieron los diputados Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Enrique Lluch (La Libertad Avanza). La diputada Carolina Basualdo envió un representante en su lugar, mientras que Alejandra Torres informó que no podía concurrir y propuso coordinar una reunión en Córdoba con el presidente de la Federación.
La invitación fue dirigida a las diputadas y diputados Belén Avico, Carolina Basualdo, Gabriel Bornoroni, Juan Fernando Brügge, Natalia de la Sota, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado, Juan Schiaretti, Laura Soldano y Alejandra Torres, además de los senadores Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo.
«Expresamos nuestra profunda decepción por la ausencia y el silencio del resto. Quienes fueron elegidos para representar a Córdoba tienen el deber de escuchar a sus comunidades», señaló la Federación en un comunicado. Durante el encuentro, el diputado Lluch se comprometió a realizar gestiones directas ante el Ejecutivo nacional para destrabar el flujo de fondos, solicitando un plazo prudente para obtener novedades.
Próximos pasos: hacia un «sirenazo» provincial
La Federación se encuentra hoy en un compás de espera, supeditada a los resultados de las gestiones prometidas por los legisladores. No obstante, la mesa ejecutiva ya cuenta con facultades para iniciar medidas de fuerza si no hay respuestas inmediatas.
Entre las acciones previstas para visibilizar el reclamo se destaca la implementación de un «sirenazo simultáneo» en todas las entidades de bomberos de la provincia. «El objetivo es que toda la comunidad tome conocimiento de este incumplimiento y las consecuencias que puede traer en cuanto a resentir la capacidad operativa», explicó Vicario.
La paradoja del conflicto se hace evidente al contrastar la situación financiera con el reciente desempeño operativo de la fuerza. Hace apenas dos semanas, una brigada de la Federación regresó de una misión humanitaria en Venezuela, donde prestó asistencia ante catástrofes naturales, demostrando un nivel de profesionalismo y equipamiento que hoy el Estado nacional pone en jaque al retener sus recursos.
«A los bomberos voluntarios no se les puede pedir más. Lo dan todo las 24 horas de los 365 días del año de manera gratuita. Es irracional que se retengan fondos que ya han sido recaudados de los propios ciudadanos a través de sus seguros», concluyó Vicario.
