Con la exigencia de recuperar el boleto sanitario, trabajadores de la salud convocan a un «semaforazo» este martes 18 de agosto a las 12 en el Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba. La medida de fuerza, convocada de manera conjunta por la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), busca visibilizar el profundo malestar de los equipos de salud frente a una decisión gubernamental que recorta directamente sus ingresos, agravando la situación de un sector ya muy golpeado por la crisis inflacionaria.
Estela Giménez, secretaria general de la UTS, dialogó con Hoy Día Córdoba y detalló la gravedad de la situación que atraviesan los empleados de los hospitales provinciales, quienes pasaron de ser considerados «esenciales» durante la pandemia en 2020 —año en que adquirieron este derecho— a enfrentar hoy un escenario de precarización y pérdida abrupta de su poder adquisitivo.
Un duro golpe al salario y el peso de las deudas
La eliminación del pasaje gratuito para el personal de salud no afecta a todos por igual, sino que impacta de lleno en los eslabones más débiles del sistema. Según estimaciones del gremio, alrededor de 5.000 trabajadores utilizaban activamente este beneficio para asistir a sus puestos.
«El recorte volvió a ser sobre aquellos que son más vulnerados, como nuestros administrativos y un sector de los profesionales, cuyos sueldos no llegan a cubrir la canasta básica familiar», remarcó Giménez.
Para dimensionar el impacto, la referente sindical calculó que el costo de trasladarse para cumplir con las 20 a 22 guardias mensuales que exige el sistema de salud demandará entre un 12% y un 15% del salario de los trabajadores. Esto ocurre frente a una canasta básica que, advierten, ronda el millón ochocientos mil pesos, una cifra inalcanzable para la mayoría del personal.
A la quita del boleto se le suma un alarmante cuadro de sobreendeudamiento. La secretaria general de UTS denunció que muchos agentes de salud se encuentran asfixiados por las deudas contraídas a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), entidad mediante la cual están obligados a percibir sus haberes. «Hacen descuentos que llegan a veces a más del 90% del sueldo. Hay compañeros que han cobrado 10 o 100 pesos, se quedan hasta con la cuota alimentaria», detalló Giménez, criticando las tasas de interés y la desprotección del empleado público frente a estas deducciones automáticas.
Ante la desesperante situación, que ha llevado a que algunos profesionales deban caminar grandes distancias para llegar a sus lugares de trabajo, los gremios han intentado establecer canales de diálogo tanto con el Gobierno provincial como con la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, hasta el momento solo han encontrado evasivas.
Giménez relató la frustración vivida en los reiterados intentos de reunirse con las autoridades de la Secretaría de Transporte municipal. En una primera instancia, desde la dependencia argumentaron que el funcionario se había descompuesto. A la semana siguiente, la excusa fue que mantenía una reunión importante, aunque la realidad que percibieron los trabajadores en el recinto fue otra:
«Nosotros vimos pasar su torta de cumpleaños, se festejaba ahí adentro. Entendemos todo, pero atendé a los trabajadores, por lo menos tomate 10 o 15 minutos», reclamó la dirigente. Las promesas de un llamado desde la Secretaría de la Gobernación provincial tampoco se concretaron jamás.
El riesgo de saturación en la salud pública
El ahogo económico de los profesionales de la salud tiene un correlato directo en la calidad de atención que reciben los cordobeses. Ante la crisis económica general, una porción cada vez mayor de la sociedad se ha quedado sin cobertura de obra social o prepaga, volcándose masivamente a los hospitales públicos.
«La demanda de los hospitales aumenta, nosotros tenemos cada vez más obligaciones, pero menos derechos», reflexionó Giménez. El hecho de que el personal se ausente o llegue al límite de sus capacidades por estas dificultades económicas resiente la ya ajustada dotación de los nosocomios. La dirigente fue categórica sobre los riesgos de esta sobrecarga laboral: «Un solo compañero por guardia que no pueda ir a su trabajo repercute enormemente. Cuando nosotros tenemos más pacientes a cargo, hay mayor riesgo de cometer errores. Esta no es una actividad improvisada».
El objetivo del reclamo
El «semaforazo» de este martes en el Polo Sanitario no solo busca interpelar de urgencia a las autoridades, sino también a la comunidad cordobesa. Desde la UTS esperan que la sociedad dimensione el «daño que estas políticas de ajuste provocan en quienes sostienen y garantizan el acceso a la salud pública de toda la provincia».
