El gobierno nacional arrancó 2019 -año marcado por las elecciones presidenciales- con la clara intención de hacer foco en los temas que componen su agenda securatista. Con este abordaje, evitaría el fracaso económico que caracterizó al año pasado y que terminó con una exorbitante inflación, con el desplome de la actividad económica y con anuncios de más tarifazos.
El objetivo de la administración nacional quedó al desnudo ayer, con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria anunció la puesta en marcha de un programa vinculado a la seguridad interna que será enviado al Congreso de la Nación y que contempla, en una primera fase, tres temas importantes: la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos o ingresado al país de forma ilegal, la implementación de pistolas de electroshock y la baja de la imputabilidad a los 15 años.
Respecto de la primera iniciativa, Bullrich dijo que se construyó un listado de personas pasibles de ser deportadas. “El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir”, explicó Bullrich.
Si bien la ministra dijo que las deportaciones se realizarán con “la legislación vigente”, también confirmó que se avanzará en la creación de un organismo que acelere este tipo de procedimientos. “En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido”, indicó.
Las controvertidas iniciativas en materia de seguridad volvieron a poner en el centro de la escena a Bullrich, quien se perfila casi como la figura central del oficialismo en el comienzo del año electoral. Además, alimenta las versiones sobre su posible candidatura a la vicepresidencia de la Nación, completando la fórmula que encabezaría el jefe de Estado, Mauricio Macri.
El Gobierno insiste con la utilización de pistolas eléctricas
Otro tema en el que está dispuesto a avanzar el Gobierno este año es en la implementación de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad. Al respecto, Bullrich defendió la compra de ese material y minimizó las críticas que hicieron desde distintos sectores. “Lo estamos pensando en aeropuertos y trenes pero no para manifestaciones, porque ya está probado que no sirve. El objetivo es generar un daño menor que un arma de fuego”, explicó la ministra. No obstante, el defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fucks, advirtió que la utilización de las pistolas es contraria a los acuerdos internacionales.
Críticas al proyecto que baja a los 15 años la imputabilidad
En referencia a la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que prevé la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, Bullich valoró el trabajo que se realizó en los dos últimos años. Sin embargo, para el diputado de Red por Argentina, Daniel Arroyo, “el clima de época, más la falta de resultados económicos lo lleva al Gobierno a buscar la grieta por ese lado”. Para su par de Somos, Victoria Donda, enviar un proyecto de esta naturaleza “es otra manera de Bullrich de ponerse a discutir recetas perimidas y fracasadas en lugar de sentarse y discutir cómo resolvemos el grave problema de inseguridad que sufre la sociedad”.
