El Gobierno nacional avanza a paso firme con la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional para endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas. El proyecto, que modifica la Ley 26.659 conocida como «Ley Pino Solanas» —sancionada en 2011—, ingresará al Congreso la semana próxima por la Cámara de Diputados, según confirmaron fuentes oficiales.
Los detalles de la norma
La norma, que en realidad abarca un conjunto de iniciativas, busca ampliar el alcance de las sanciones más allá del sector hidrocarburífero. En la Casa Rosada evalúan incluir a otras actividades como la pesca ilegal, un reclamo que impulsó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y que también fue planteado por el peronismo. La ley vigente solo contempla sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación nacional.
“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, yendo a todo el resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca”, detallaron desde el palacio de gobierno a la prensa porteña.
El comunicado de Fulasp
En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera realizó un reclamo público para que se incorporen los recursos pesqueros al igual que los de los hidrocarburos en la modificación de la ley 26.659.
“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, aseveró en el comunicado.
Los cambios en la ley buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que operan en el proyecto Sean Lion no puedan hacerlo en Argentina. También se extenderá a sus proveedoras.
Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.
Ofensiva contra empresas petroleras
En paralelo, la Cancillería ya abrió procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas, entre ellas las involucradas en el proyecto Sea Lion, que lideran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Gobierno endurece su ofensiva contra el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
El Gobierno presentó además una denuncia penal contra las compañías que desarrollan ese emprendimiento, al que considera ilegal por operar bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
La ofensiva ya tuvo repercusiones concretas: las multinacionales de servicios petroleros SLB, Halliburton y Baker Hughes comunicaron que no participarán en proyectos en las islas.
El presidente Javier Milei aseguró hoy que esas empresas «saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorio soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa».
Nueva causa judicial
El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresarias del país, respaldó el reclamo de soberanía y planteó que la cuestión Malvinas debe constituir una política de Estado. El proyecto también contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional y herramientas de protección de infraestructura crítica.
En el plano presupuestario, el Gobierno incorporó al Presupuesto 2027 la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que según Milei «no pone en juego el superávit». Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, viajarán este viernes a la provincia para relevar la zona.
El oficialismo confía en que el proyecto tenga un rápido tratamiento parlamentario entre fines de septiembre y principios de octubre, y busca que la iniciativa sea abordada como una política de Estado «sin grieta alguna», según planteó el propio jefe de Estado durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín».
La palabra de Milei
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, explicó Milei durante la ceremonia de inauguración, donde volvió a calificar de “ilegítimo” al gobierno del Reino Unido en Malvinas.
“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, precisó el jefe de Estado, quien amplió: “Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo”.
“Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental y si se preguntarán por qué es porque esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad”, desarrolló el mandatario.
En otro pasaje de su breve discurso, afirmó que la ley que impulsa “no es de un gobierno ni de un partido”, y pidió que no haya “grieta alguna”. “Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”, planteó al finalizar.
