El Gobierno nacional redobla su estrategia para frenar la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, con el proyecto Sea Lion como principal blanco.
La administración de Javier Milei anunció un paquete de medidas que combina denuncias penales, sanciones administrativas y un proyecto de ley para endurecer las penas contra las empresas involucradas.
Mesa política
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política con la cuestión de Malvinas como eje central del trabajo. El círculo rojo del Gobierno ultimó los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría enviarse el viernes al Congreso para ser presentado la semana próxima.
La iniciativa buscará profundizar y endurecer las sanciones a las empresas que realicen emprendimientos y negocios en Malvinas, sin autorización de Argentina, entre otros puntos.
En la reunión, el canciller Pablo Quirno de hecho presentó las próximas empresas internacionales que serán sancionadas por operar en las islas sin autorización de Argentina. Por la mañana, el Ejecutivo había hecho lo propio a través de la Procuración del Tesoro con Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, presentó los detalles del proyecto de la Base Naval integrada en Tierra del Fuego, que incluye un Polo Logístico en la Patagonia.
Durante la reunión, que duró menos de dos horas, le mesa chica del Gobierno resolvió además que los dos ministros visiten la provincia patagónica este viernes para recorrer la zona y acelerar las obras. También, que Presti se convertirá en el vocero de la construcción de la base naval de Ushuaia.
Denuncia oficial
En ese marco, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra cinco compañías vinculadas al proyecto: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La causa, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, investiga una presunta violación a la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización argentina. El Gobierno pidió que se investigue también la posible comisión de delitos como asociación ilícita y lavado de activos.
Nuevas sanciones
Paralelamente, la Oficina del Presidente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales, que se suman a los 45 ya anunciados. Según el comunicado oficial, «la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía».
En cadena nacional, Milei advirtió que se inhabilitará a las empresas involucradas para operar en territorio argentino y que las sanciones alcanzarán a accionistas, directores y proveedores. Además, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley 26.659 y endurecer las penas.
El proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé explotar un yacimiento al norte de Malvinas con reservas por 314 millones de barriles.
La empresa neerlandesa Bluewater, proveedora de infraestructura para el proyecto, también opera en Argentina en el marco del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), lo que generó inquietud entre los accionistas de esa iniciativa.
