El Gobierno de Javier Milei modificó parte de su estrategia en torno a las políticas de discapacidad ante la advertencia de que una reducción de derechos y prestaciones podría derivar en una multiplicación de demandas contra el Estado. Según publicó LA NACION, dentro del oficialismo admiten que el eventual ahorro fiscal podría terminar convertido en un costo judicial durante los próximos años.
El planteo alcanza tanto al proyecto que el Ejecutivo había presentado en abril en el Senado como a algunos de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. Frente a este escenario, los libertarios comenzaron a negociar con sus aliados parlamentarios una alternativa que permita modificar parte del sistema sin eliminar el piso de protección vigente.
Uno de los principales límites para avanzar con una reducción de prestaciones está dado por el marco legal que protege los derechos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en Argentina desde 2014. A esto se suman las leyes 22.431, que establece el sistema de protección integral, y 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.
Ese conjunto de normas establece obligaciones para el Estado y convierte en especialmente sensible cualquier modificación que implique una reducción de prestaciones ya reconocidas.
El antecedente judicial que preocupa al Gobierno
La estrategia oficial también está condicionada por antecedentes recientes en los tribunales. El juez federal de Campana Adrián González Charvay intervino luego de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia en discapacidad y el presidente Milei la promulgara, aunque suspendiera su aplicación hasta determinar el origen de los fondos.
El magistrado declaró inválida esa suspensión y ordenó avanzar con la implementación de la norma. El expediente había comenzado a partir de un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en distintas intimaciones al Poder Ejecutivo. Finalmente, el Gobierno reglamentó la ley mediante el decreto 84/2026, un día antes del plazo establecido por la Justicia.
González Charvay también había sostenido, en otra resolución vinculada con el veto a la emergencia, que las políticas públicas no pueden generar un retroceso en derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Estos antecedentes son ahora considerados por el oficialismo a la hora de diseñar una nueva propuesta legislativa.
La alternativa que negocian los libertarios
En lugar de continuar con un esquema basado exclusivamente en una emergencia y con plazo determinado, el Gobierno busca avanzar hacia una ley permanente de discapacidad que conserve un nivel básico de protección y, al mismo tiempo, introduzca modificaciones en algunos criterios del sistema.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado participan de las conversaciones con bloques aliados para alcanzar un acuerdo.
La propuesta apunta a mantener el denominado nomenclador y mecanismos de actualización de las prestaciones, dos aspectos que habían quedado cuestionados en el proyecto de Presupuesto 2027. A cambio, el oficialismo pretende establecer criterios más estrictos para el otorgamiento de pensiones.
El debate se da en paralelo a las negociaciones parlamentarias por el Presupuesto y después de que la inclusión de modificaciones sobre discapacidad generara cuestionamientos entre sectores aliados del Gobierno. El Ejecutivo había propuesto derogar distintos artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una iniciativa que generó resistencia en el Congreso.
Renuncia en medio de la discusión
La disputa también tuvo consecuencias dentro de la estructura oficial. El lunes presentó su renuncia Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, en medio de las diferencias internas por el rumbo que debía tomar el área. El Gobierno confirmó su salida y todavía no informó quién será su reemplazante.
Así, la discusión sobre discapacidad quedó atravesada por tres dimensiones: el impacto presupuestario que busca reducir el Gobierno, las negociaciones con sus aliados en el Congreso y los límites establecidos por el marco legal y los antecedentes judiciales.
El objetivo que ahora plantean los libertarios es encontrar un esquema permanente que permita modificar algunos aspectos del sistema sin avanzar sobre derechos cuya reducción podría generar nuevos conflictos judiciales.
Se reúne la mesa política en un clima tenso: Karina Milei no viajó con el Presidente a EE. UU.
