Para una persona con discapacidad, la discusión que atraviesa al Congreso no se limita a una disputa entre proyectos de ley. De cómo se resuelva puede depender qué herramientas tendrá para reclamar una prestación, sostener un tratamiento o exigir al Estado el cumplimiento de sus derechos.
Ese es uno de los principales cuestionamientos que plantean las organizaciones frente al dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El proyecto impulsado por el oficialismo propone reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente, mientras persisten dificultades de financiamiento y acceso a prestaciones.
Para Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y representante titular de las ONG de Córdoba ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), el principal riesgo está justamente en eliminar el marco de emergencia.
“La emergencia no es una cuestión semántica”, sostuvo. Según explicó, su declaración tiene efectos concretos sobre la administración pública porque obliga al Estado a destinar o reasignar recursos presupuestarios para atender una situación considerada excepcional.
Passini comparó el mecanismo con otras situaciones de emergencia: si existe una emergencia hídrica, por ejemplo, el Estado debe disponer medidas para atenderla sin esperar a que las condiciones macroeconómicas determinen cuándo hacerlo. En el caso de la discapacidad, sostuvo, ocurre algo similar.
El problema, planteó, es que la emergencia vigente tampoco estaría siendo cumplida de manera integral. Según el referente, las organizaciones recurrieron durante los últimos meses a distintas instancias judiciales para exigir el cumplimiento de las medidas previstas, incluso después de obtener resoluciones que ordenaron al Estado avanzar en ese sentido.
“Si no la cumplen ahora cuando hay una declaración de emergencia, menos aún lo van a cumplir sin esa declaración”, afirmó.
Para las organizaciones, además, mantener la emergencia supone contar con mayores herramientas de exigibilidad frente al Estado. Por eso cuestionan que el proyecto oficialista la reemplace por una legislación permanente mientras continúan los problemas que motivaron la declaración de emergencia.
Tras el brusco giro, el oficialismo logró emitir dictamen al proyecto sobre Discapacidad
Pensiones, auditorías y cobertura de salud
Uno de los grupos que Passini identifica como particularmente expuesto es el de las personas que reciben o están tramitando pensiones por discapacidad.
El referente aseguró que existen unos 200.000 trámites de pensiones pendientes, cifra que atribuyó a información proporcionada por el propio Gobierno nacional en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
En ese contexto, también cuestionó las auditorías realizadas sobre las pensiones y sostuvo que el marco de emergencia brinda mayores garantías para que las personas puedan defenderse ante eventuales bajas o revisiones.
El proyecto oficialista incorpora la expresión “debido proceso inclusivo” para referirse a estas situaciones. Para Passini, el concepto resulta demasiado ambiguo porque no especifica cuáles son las garantías de defensa, accesibilidad y procedimientos que deberían aplicarse.
A su entender, la norma debería establecer de manera concreta los estándares que deben respetarse en las auditorías y remitir a los instrumentos jurídicos que garantizan el derecho de defensa de las personas con discapacidad.
La preocupación tampoco termina en la pensión. Passini señaló que para muchas personas ese beneficio está asociado a una cobertura de salud que permite acceder a distintas prestaciones y que los problemas de financiamiento también alcanzaron a los prestadores.
Según afirmó, durante este año hubo demoras de hasta seis y siete meses en el pago de prestaciones. Esa situación, explicó, genera dificultades para que centros e instituciones continúen atendiendo a personas con discapacidad.
“Los prestadores no los reciben porque después no pueden cobrar”, sostuvo.
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Qué prestaciones están en juego
Passini remarcó que la discusión no involucra solamente tratamientos médicos. El sistema de prestaciones contempla un conjunto de apoyos que atraviesan distintas etapas de la vida y que incluyen salud, rehabilitación, educación, transporte, recreación, capacitación laboral y atención temprana.
También mencionó prestaciones de acompañamiento y apoyo psicosocial para las personas y sus familias, además de disciplinas como fonoaudiología y psicomotricidad.
“Las organizaciones e instituciones suelen decir que brindan herramientas para que las personas desarrollen sus proyectos de vida con sus condiciones, con sus características”, explicó.
Desde esa perspectiva, la crisis de financiamiento no impacta únicamente sobre las instituciones que brindan los servicios.
Cuando un prestador deja de recibir pagos o atraviesa dificultades económicas, el efecto puede trasladarse a la persona que necesita esa prestación para continuar un tratamiento, estudiar, movilizarse o sostener su autonomía.
Otro de los puntos señalados por Passini es el futuro del nomenclador, que establece los valores de referencia para las prestaciones del sistema de discapacidad.
El referente sostuvo que el nuevo proyecto no pondría necesariamente en riesgo ese esquema, pero advirtió sobre una posible contradicción con disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto, también impulsado por el Gobierno nacional, que podrían modificar el régimen de regulación de los pagos.
A esto sumó otro reclamo: el incumplimiento de las compensaciones destinadas a los prestadores y la falta de soluciones frente a las deudas que algunas instituciones mantienen con el Estado.
Según Passini, esas obligaciones estaban contempladas dentro de las medidas vinculadas con la emergencia. Por eso, considera que eliminar ese marco sin resolver previamente los problemas de financiamiento puede profundizar la crisis de las instituciones.
Un problema que también atraviesa a Córdoba
Para Passini, Córdoba comparte con el resto del país las principales dificultades del sistema. Entre ellas mencionó los obstáculos burocráticos para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la falta de avances suficientes en políticas de educación inclusiva.
El referente sostuvo que el contexto actual también modificó las prioridades de las organizaciones. Según explicó, buena parte del esfuerzo que antes podía concentrarse en impulsar nuevas políticas y ampliar derechos ahora está destinado a evitar retrocesos sobre derechos ya conquistados.
“No es que antes era la panacea”, aclaró, al referirse a la situación previa. Sin embargo, consideró que el escenario actual desplazó las discusiones sobre nuevas conquistas hacia la necesidad de sostener las prestaciones y garantías existentes.
Las organizaciones difundieron un documento conjunto en el que rechazan el dictamen de mayoría y cuestionan que el proyecto haya avanzado sin la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Al mismo tiempo, expresaron su respaldo al dictamen de minoría que propone prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Para Passini, el debate excede entonces la continuidad de una ley. “Todo eso es lo que está en riesgo”, resumió.
