El fallo de la Corte Suprema de Justicia que reestableció la derogación la Ley de Tierras, incluida en el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei, desató una tormenta política que podría llegar a afectar al propio gobierno nacional. Ocurre que la decisión, que fue muy cuestionada por constitucionalistas, volvió a abroquelar a la oposición en contra del megadecreto presidencial y ahora buscará voltearlo en Diputados, pues ya cuenta con el rechazo del Senado.
Las declaraciones opositoras
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria (UxP), bancada que este miércoles se reunió con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, organización que había presentado el amparo original contra el artículo 154 del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras (26.737).
“Esto es aún más de lo que intentó aprobar el Gobierno en el Senado hace unas semanas. Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado. Hago un llamamiento a mis colegas a convocar urgente una sesión especial para avanzar en ese sentido”, había anticipado ya en la noche del martes el socialista Esteban Paulón, en tanto que Miriam Bergman (FIT) aseguró que “ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, desafió.
En la misma línea, desde el radicalismo, el senador Martín Lousteau consideró que “la Corte muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja», sentenció.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, advirtió la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.
Los planes del arco disidente
Antes del inicio del debate sobre el proyecto de Soberanía sobre las Islas Malvinas, que se desarrolla en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, el propio Martínez (UxP) anunció que solicitará una sesión especial para debatir la derogación del DNU 70/23.
“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó otro diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.
El mega DNU eliminó, en efecto, una amplia gama de regulaciones sobre comercio, transporte, mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre muchos otros, afectando a un total de 30 leyes. Debido a la amplitud de materias afectadas, la oposición ya logró rechazarlo en el Senado el 14 de marzo de 2024, pero nunca tuvo un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en Diputados. Como nunca convocó a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.
Ahora, desde UxP, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán aprovechar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para derogar todo el DNU 70/23.
La idea de UxP es convocar cuanto antes a esa sesión especial para tratar el decreto, pero la semana que viene hay muchos legisladores de viaje y lo más probable es que apunten al 14 de octubre. Necesitan mayoría simple: la mitad más uno de los presentes al momento de votar.
Como los DNU no se pueden votar por capítulos o partes, sino que se avalan o rechazan en su conjunto, si lo votan en contra todo el mega DNU 70/23 que tiene más de 300 artículos caería.
La reacción oficial
Por eso, el oficialismo no tardó en reaccionar y salió a advertir que generaría un caos administrativo la eliminación del DNU 70/23, precisamente porque desreguló tantas materias diferentes que dejaría a varios sectores en un limbo mientras que ciertas normas, como la Ley de Alquileres, volverían a tener vigencia.
Para desactivar el tratamiento del DNU, La Libertad Avanza está evaluando reintroducir la Ley de Tierras que tuvo que resignar en el Senado en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que todavía no fue tratada en Diputados, con algún tipo de restricción mínima a la compra de tierras. De esta manera, le ofrecería un salvoconducto a la oposición para acompañar al Gobierno, que obtendría así un triunfo doble ya que volvería a establecer su proyecto original.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada eliminaba los límites a la compra de tierras a extranjeros pero durante su tratamiento en el Senado el oficialismo tuvo que empezar a ceder ante el rechazo social que generó la iniciativa, admitiendo subir los límites contenidos en la actual Ley 26.737 -ahora derogada de facto por la Corte Suprema- para finalmente eliminar todo ese capítulo porque no tenía los votos para aprobarlo.
«Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema», precisó una fuente legislativa de LLA; mientras que un vocero de la administración libertaria aseguró que «la idea es ceder algunos aspectos de la Ley de Inviolabilidad, pero te garantizas el decreto 70/3, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa», completó.
Con el presidente Javier Milei en París, en el marco de la Argentina Week, y una parte importante del Gabinete en la delegación presidencial, el oficialismo deberá posponer empero la definición de la estrategia para sostener un DNU clave y mantener el vínculo con los aliados.
La tercera vía de Pichetto
El diputado Miguel Angel Pichetto (Provincias Unidas) planteó una tercera vía para sortear el dilema: que se incluya la Ley de Tierras en el proyecto de Defensa de la Soberanía que envió el Ejecutivo a la Cámara baja y que empezó a discutirse este miércoles en un plenario de comisiones, que igualmente resultó escandaloso por los enfrentamientos que se produjeron.
«Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite», sentenció Pichetto.
Un proyecto en el Senado
A su vez, el bloque justicialista del Senado presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la vigencia de la Ley de Tierras, que establece restricciones para que las empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Juliana Di Tullio, junto a los titulares del bloque del PJ, José Mayans, y de Justicia Federal Social, Fernando Salino. En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores remarcaron que “el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos”.
Advirtieron que la eliminación de la Ley de Tierras mediante un DNU «expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más preciados, tales como las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas». “Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo”, señalaron además los senadores del PJ, poniendo el dedo en el punto central del polémico fallo del máximo tribunal, antes de concluir que «ante esta desprotección judicial, afirmamos que el Congreso Nacional debe asumir de manera urgente su responsabilidad constitucional como garante del dominio público«.
Fuerte rechazo de los constitucionalistas
El constitucionalista Andres Gil Dominguez volvió a rechazar el fallo de la Corte Suprema que reestableció el DNU 70/23 bajo el argumento de que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimidad para reclamar en defensa de la soberanía de la tierra.
Recordemos que el máximo tribunal del país entendió que la “soberanía territorial” no puede ser tratada como un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución, de ahí que el CECIM no pueda invocar un “derecho de incidencia colectiva” como lo había hecho en su recurso de amparo. La Corte definió en cambio a la soberanía como “uno de los elementos constitutivos del Estado”, por lo que debe ser entendida “como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la Nación” en un determinado ámbito espacial, por lo que “en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo”, según reza el fallo.
“La defensa de la soberanía territorial es un derecho de incidencia colectiva en general indivisible que pertenece a la esfera social y el CECIM es una organización no gubernamental que propende a los fines de dicho bien colectivo. Hay legitimación procesal colectiva, representación colectiva adecuada y caso de sobra en los términos del art. 43 y 116 de la Constitución argentina cuando un DNU deroga totalmente una ley que garantiza este derecho colectivo”, respondió este miércoles Gil Dominguez, en un nuevo post en X donde explicó que la Corte Suprema “dice que no resolvió (la cuestión de) fondo porque ‘otro’ puede plantear un caso si demuestra que un derecho subjetivo está concretamente afectado ¿Qué persona que titulariza un derecho subjetivo o individual puede alegar que la derogación de la ley de tierras lo afecta directamente? Ninguna”, enfatizó.
“Con esta trampa formalista, la Corte Suprema no solamente estrangula el acceso a la justicia y priva de toda fuerza normativa a la nulidad absoluta e insanable prevista por el artículo 99.3 de la Constitución argentina respecto de los DNU dictados sin cumplir con los requisitos de habilitación, sino lo que es más grave aún, blinda definitivamente el ejercicio autocrático del poder esfumando la división de poderes, el sistema republicano y el control de constitucionalidad”, concluyó el especialista.
«‘Nadie es la Patria, pero todos lo somos’, escribió Borges. Para la Corte, nadie puede puede litigar en nombre de la soberanía nacional. La segunda parte no la leyó. Si un ex combatiente de Malvinas no puede litigar por la defensa de la tierra ¿quién?”, agregó el constitucionalista Félix Crous.
“El fallo es es sibilino, porque no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Deja en claro que no se expide sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 sino que se limita a revocar la suspensión de la vigencia” del artículo 154, agregó otro constitucionalista como Eduardo Barcesat, quien advirtió que «es un fallo que humilla la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, porque la Constitución es tremendamente clara en referencia a este tipo de normativa. La Constitución dice que el Poder Ejecutivo Nacional en ningún caso podrá emitir disposiciones legislativas. Es de sentido común entonces que un DNU de 660 artículos es impensable como materia propia a una necesidad y urgencia«, agregó Barcesat, quien advirtió que «hay que disponer, como lo hizo el Senado, la nulidad absoluta inmediata e insanable de este DNU 70/23«.
«Todo juez que está en presencia de una norma que no satisface los requisitos de legalidad y razonabilidad tiene que declararlo de oficio. La Corte ha fallado contra la Constitución, la legislación y contra todo texto de derecho constitucional y administrativo«, enfatizó y consideró que “la Corte Suprema toma esta decisión porque está al servicio del Gobierno y no al servicio de la supremacía de la Constitución Nacional. Es tan sencillo y categórico como trágico: este fallo es parte de nuestro derrumbe institucional así como es obra del Gobierno el derrumbe económico”.
Organizaciones políticas, sindicales y sociales se manifestarán en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras: una de las convocatorias, impulsada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), otra por parte de Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) y se espera una marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La primera será este viernes 2 a las 17 donde el FIT, junto a organizaciones sociales, se concentrarán en Parque Lezama, para «organizar la bronca contra el nefasto fallo» del máximo tribunal y, al mismo tiempo, pedir la «anulación del DNU 70/2023».
En la misma línea, el lunes 5 con horario a confirmar, la agrupación PUA se movilizará desde el Congreso de la Nación hasta la puerta de Tribunales en contra de la resolución de la Corte Suprema «que permite a extranjeros adquirir territorio argentino por medio de compras».
Por último, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, le propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el sector de gremios distanciados de la conducción de la CGT, y a las centrales obreras «construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras». «Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», señaló Aguiar.
La Corte Suprema eliminó todos los límites a la venta de tierras a extranjeros
