El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para manifestar su rechazo formal a la decisión del presidente Javier Milei de recurrir a un arbitraje internacional con el fin de frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La diplomática fue recibida por las autoridades británicas tras la presentación formulada ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) por el proyecto Sea Lion. La medida profundizó el diferendo bilateral por la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas.
Cruce diplomático por los recursos en el Atlántico Sur
La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que el recurso de arbitraje iniciado por la Casa Rosada bajo el Anexo VII de la UNCLOS busca «socavar los derechos y los medios de vida» de los habitantes del archipiélago. En una nota entregada directamente a la representante argentina, la funcionaria británica cuestionó la postura oficial e indicó que este tipo de medidas condicionan la relación bilateral.
«Dejamos en claro a la Embajadora que los esfuerzos para obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo. Tal comportamiento plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido», expresó Kumaran a través de un comunicado oficial.
El trasfondo del reclamo por la cuenca hidrocarburífera
La reacción británica responde al dictamen de Milei, quien instruyó al equipo legal del Gobierno a formalizar la vía de la Convención del Mar contra el desarrollo del proyecto Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte. En la zona operan la compañía israelí Navitas Petroleum y la firma británica Rockhopper Exploration, con la previsión de iniciar las fases de extracción comercial de crudo a partir del año 2028.
El Ejecutivo nacional emitió una intimación de dos semanas hacia las petroleras y la administración británica para cesar las maniobras de prospección. A la par, denunció vuelos irregulares entre Punta Arenas y la base militar de Mount Pleasant por parte de la empresa Thales UK Limited, que no habrían contado con autorizaciones para operar en el espacio aéreo continental.
Reclamos cruzados y presión empresarial
Las compañías concesionarias confirmaron la ratificación de los contratos y la extensión de licencias otorgadas por la administración local de las islas por un plazo de siete años. Representantes de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum solicitaron la intervención directa del canciller británico, Ed Miliband, para asegurar la protección institucional frente a los apercibimientos judiciales fijados por la Argentina.
El contrapunto internacional sumó antecedentes en las últimas semanas tras las manifestaciones emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dejó abierta la opción de revisar la tradicional postura neutra de Washington sobre la soberanía de Malvinas. Mientras tanto, el Gobierno argentino ultima los detalles para requerir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar si se agota el plazo de dos semanas sin modificaciones en la actividad petrolera.
