La Justicia detectó una serie de comunicaciones que apuntarían a un presunto intento de eliminar pruebas y retirar dinero de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), antes y después de los allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte consideró que los intercambios entre empleadas, asesoras y personal de sistemas podrían integrar un mecanismo de obstrucción judicial. Las sospechas forman parte de los fundamentos que derivaron en el procesamiento del financista Ariel Vallejo, propietario de la firma, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.
La reconstrucción de los movimientos, basada en mensajes incorporados al expediente y revelada por La Nación, muestra que las alertas internas comenzaron días antes de los procedimientos. El 28 de noviembre, luego de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Micaela Sánchez, señalada como responsable de custodiar las llaves de cajas fuertes y equipos, consultó a una empleada si ocurría algo inusual. La respuesta fue que trabajaban «solo blanco» y que el resto permanecía resguardado.
Los mensajes que analiza la Justicia
Los intercambios se intensificaron durante la madrugada del allanamiento. A la 1.33, Daniela Sánchez, secretaria personal de Vallejo, instruyó retirar temprano las ganancias acumuladas. Media hora después, Susana Hoffman, asesora en normativa del Banco Central (BCRA), solicitó al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas.
Hoffman declaró posteriormente que el pedido apuntaba a eliminar aplicaciones personales no permitidas, como WhatsApp e Instagram. Sin embargo, el juzgado cuestionó que esa tarea debiera realizarse en plena madrugada.
A las 2.57, Daniela Sánchez envió otra instrucción a un colaborador: «borrar todas las cámaras». El expediente también describe movimientos de efectivo en sucursales de Adrogué Chico y Banfield, donde se habría retirado el dinero acumulado y dejado únicamente pequeñas cantidades, identificadas en los mensajes como «puchitos».
Las sospechas no terminaron con los primeros procedimientos. El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, identificado como portavalor de la firma, habría coordinado el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa.
Al día siguiente, Nahiara Gamarra, otra secretaria de Vallejo, le pidió al técnico informático que limpiara su equipo y le indicó expresamente: «borrá todo, sí».
En sus declaraciones ante la Justicia, las empleadas y los colaboradores rechazaron las acusaciones. Las secretarias y la cajera sostuvieron que no tenían injerencia en las decisiones financieras u operativas de la compañía, mientras que Cervín afirmó que desconocía que el traslado de los vehículos pudiera interpretarse como una maniobra de obstrucción.
La investigación por presunto lavado de activos
El expediente apunta al funcionamiento del Grupo Sur Finanzas, que abarcaba operaciones de compraventa de divisas, préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP.
La fiscalía y el juzgado investigan especialmente a la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia, a la que atribuyen operaciones de comercialización de dólares en el mercado paralelo con terceros no autorizados.
Según los registros analizados, la firma declaró ingresos por $4.040.114.708 durante 2022, frente a ventas declaradas por $2.440.801.851. La Justicia sospecha que estas operaciones podrían constituir el delito precedente de las maniobras de lavado de activos investigadas.
Vallejo negó la existencia de una red de comercialización ilegal de divisas y defendió la legitimidad de sus operaciones durante el cepo cambiario.
Mientras el financista permanece bajo prisión domiciliaria, el juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo). El estudio deberá determinar los flujos contables y los préstamos y patrocinios que vincularon a la financiera con distintos clubes de fútbol.
