También, el tribunal impuso una pena de 25 años a otros 6 represores y absolvió a un imputado, en el marco del juicio. Se trata de la octava condena a perpetua que recibe Etchecolatz por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
En este proceso, el represor siguió la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto desde el penal de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido por otras causas.
Para escuchar la pena, Etchecolatz se puso de pie y mostró, colgado de su cuello, un cartel blanco con la leyenda: «Señor Jesús, si me condenan es por defender tu causa».
El represor fue hallado responsable del delito de coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia e imposición de torturas y por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de 54 víctimas, siete de ellas muertas a raíz de los tormentos.
El TOF 1, integrado por Pablo Vega, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, impuso también la pena de prisión perpetua para el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el excapitán del Destacamento de Inteligencia 101 Emilio Herrero Anzorena; y el exjefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Carlos María Romero Pavón.
También fueron condenados a esa pena el exjefe de contrainteligencia Ricardo Fernández; el exjefe de la Policía Bonaerense Leopoldo Baume; el exguardia Raúl Carballo; Héctor Carrera y el exmédico de la Policía bonaerense, Jorge Vidal.
Además, los jueces impusieron 25 años de prisión al exagente de la Policía bonaerense Ricardo García; al exteniente primero Roberto Balmaceda; al exguardia Rubén Boan; al exjefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo Alejandro Menichini y al excapitán de Artillería Jorge Di Pasquale.
Respecto al imputado exjefe de la Brigada de Investigaciones 1 de Morón-San Justo Roberto Félix, el Tribunal dispuso su absolución e inmediata libertad tras evaluar las fechas de su legajo, que no lo ubican cumpliendo funciones en esta Brigada.
En su fallo, que fue seguido desde las puertas del tribunal por familiares y sobrevivientes, el TOF1 exhortó al ministerio de Seguridad bonaerense a que desafecte como dependencia policial a la Brigada San Justo para que sea convertida en Sitio de Memoria.
La Brigada San Justo se encontraba bajo control operacional del Primer Cuerpo del Ejército, que alcanzaba toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y a La Pampa.
El tribunal juzgó lo ocurrido con 84 personas que estuvieron cautivas allí, 19 de las cuales siguen desaparecidas.
Entre las imputaciones estuvieron los homicidios de los perseguidos políticos Alejandro Aibar, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández González, Juan Alejandro Fernández González, Enrique Ricardo Rodríguez, Luis Ángel García, Herman Von Schmeling y Rubén Cabral.
Además, se juzgaron los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield.
Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.
Por otra parte, se investigaron los hechos en torno a las hijas de Lemos: María Lavalle, luego de ser secuestrada junto a sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y su hermana, María José Lavalle Lemos, fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.
También se incluyeron los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos fueron secuestrados con sus compañeras e hijas.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1 de La Matanza.
