«Estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción pero este no el método, no se puede violar la constitución», afirmó el experto Andrés Gil Domínguez. En declaraciones radiales el abogado sostuvo que «no hay una situación de emergencia objetiva para realizar un DNU» dado a conocer hoy por el Gobierno.
Además, a través e una red social, Gil Domínguez advirtió que «el régimen procesal de la acción de extinción de dominio presenta muchos problemas constitucionales» y destacó que «se puede promover contra una persona aunque ni siquiera se encuentre imputada en una causa penal, solo basta que se dicte una medida cautelar sobre un bien en un proceso penal».
También advirtió que «tramita por el proceso sumarísimo o sea quien debe demostrar la propiedad lícita del bien está sometido al proceso que menos defensas ofrece y solo puede oponer una sola excepción previa». «Si el Estado se equivocó porque la persona fue absuelta en sede penal, sólo le devuelve lo apropiado pero no reconoce la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios», dijo.
Gil Domínguez advirtió también que «así como está redactada la acción no es retroactiva porque no lo dice expresamente como lo exige el artículo 7 del Código Civil y Comercial y como lo decía el proyecto de Diputados». «Se lleva puesto el régimen de concursos y quiebras respecto de dichos bienes», evaluó.
Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay reconoció que la aplicación del mecanismo por decreto «es el punto más delicado», pero avaló la decisión: «creo que la renuencia de los senadores de la oposición a sancionar una ley, se transforma en un estímulo para la comisión de delitos y para impedir el recupero de los bienes mal habidos».
«No olvidemos que se están incumpliendo las dos convenciones contra la corrupción de las que la Argentina es parte», señaló el experto. Para Sabsay, «la lucha contra la corrupción, la trata de personas y otros delitos similares no admite demora». «La posibilidad para el estado de recuperar los bienes resultantes de esos delitos requiere celeridad», remarcó.
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En tanto, el economista Alberto Benegas Lynch (hijo) advirtió que la extinción de dominio «es un subterfugio para ocultar la confiscación, enfáticamente excluida de las facultades del poder político por la Constitución Nacional».
En una nota que publicó en el diario El Cronista, Benegas Lynch indicó que eso «no significa que no puedan adoptarse medidas precautorias, especialmente cuando hay riesgo de que se interfiera el proceso judicial para tergiversar sus resultados o cuando hay posibilidades de fuga del sospechoso, pero en última instancia debe prevalecer el principio de inocencia hasta que la sentencia definitiva demuestre lo contrario».
«Desde luego que hay justificadas quejas respecto a las insólitas demoras en las tramitaciones judiciales y hay también elementos políticos que desafortunadamente interfieren, pero esto se resuelve con la debida aceleración a través de límites para pronunciarse tal como en algunos casos ocurre actualmente pero en ningún caso resulta aceptable que los otros poderes del aparato estatal se adelanten a lo que prescribe el Poder Judicial», advirtió.
Para el catedrático de orientación liberal, «los marcos institucionales civilizados son custodios indispensables para los derechos y para que puedan llevarse a cabo las transacciones libres y voluntarias entre las partes». «No resulta posible el apresuramiento por más bien inspirado que sea ya que la contracara amenaza a todos, incluso a los mismos patrocinadores de la medida en cuestión», advirtió.
Continúa la polémica entre oficialistas y oposición
La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño consideró hoy que la extinción de dominio, al ser presentada por decreto, «deja resquicios» para la inconstitucionalidad, aunque manifestó su esperanza de que al gobierno nacional «le vaya bien» con la iniciativa. «Al tratarse como un DNU, ha dejado un resquicio muy importante para que tengamos inconvenientes. Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad», manifestó Camaño.
El diputado del Frente para la Victoria Agustín Rossi cuestionó por «inconstitucional» el DNU. «Los decretos de necesidad y urgencia son instrumentos que tienen vedada serie de materias. Las materias sobre las cuales esta vedado legislar con decreto de necesidad y urgencia son la materia electoral, la materia impositiva y la materia penal», manifestó Rossi. «Este caso es claramente una cuestión de características penales porque, si como dice el decreto, la demanda se va a hacer en el fuero civil surge entonces de una denuncia penal, por lo que claramente es inconstitucional», añadió el jefe de la bancada opositora.
Para Miguel Angel Pichetto, jefe de bloque PJ en el Senado: “Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley.”
Por su parte el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López celebró la firma por parte del presidente Mauricio Macri del decreto que pone en vigencia el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio. «Celebramos este DNU, creemos que era necesario a esta altura de los acontecimientos sacarlo por decreto. Celebramos la firme decisión del presidente de luchar contra la corrupción también de esta manera», manifestó López.
