Por medio de un comunicado oficial, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD) y la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP) expresaron su preocupación ante el dictamen firmado por la fiscalía general donde piden que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) trate la cautelar para frenar la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dado a conocer este jueves.
La resolución del Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, sobre la apelación presentada por el legislador García Elorrio, se hizo pública antes de estar disponible para la vista de las partes involucradas. El TSJ aún no se expidió al respecto de la recusación del fiscal.
Las maniobras de los sectores anti derechos, intentando suspender la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, siguen encontrando eco en algunos funcionarios judiciales”, expresaron al respecto.
Sostienen que el funcionario se ha manifestado públicamente en contra de los derechos que garantiza esta ley y que carece de la idoneidad para su puesto debido a su postura contraria a los derechos. Afirman que la filtración del dictamen posee una desprolijidad que consideramos no es inocente”.
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil nos pronunciamos en contra de su designación por adelantar posición en contra del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, subrayaron.
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Las ONGs sostienen que la suspensión del derecho a acceder a la IVE por medio de una medida cautelar implicaría un retroceso y un daño irreparable” para las mujeres y personas gestantes de Córdoba, que estarían en desventaja respecto de otras habitantes del país.
Además recordaron que la Justicia Provincial ya se expidió sobre estas cuestiones en diferentes acciones, evidenciando el uso de maniobras jurídicas que sólo buscan atemorizar a los equipos de salud y generar confusión en la población”. Del mismo modo, destacan que este tipo de presentaciones han sido rechazadas a lo largo de todo el país en virtud de su improcedencia.
Como forma de llevar tranquilidad a la población, aseguraron que el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba, igual que en todo el territorio nacional, a pesar de los intentos por obstaculizar su acceso mediante judicializaciones abusivas y abiertamente improcedentes”.
Por último, expresaron defender esta ley ya que representa un avance en la garantía del derecho a la vida, integridad física y psíquica, salud, autonomía, libertad e igualdad de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
No permitiremos que el accionar antidemocrático y violatorio de los derechos humanos llevado adelante por grupos antiderechos intimide a quienes demanden el cumplimiento de la Ley.”, finalizaron.
