Por Paola García Rey
Las comunidades originarias de toda América llevan siglos de luchas frente a amenazas a su vida y subsistencia. Han resistido invasiones, la pérdida de sus territorios ancestrales, violencia, discriminación y exclusión. Durante décadas, grandes empresas y gobiernos en nombre del desarrollo económico devastaron recursos naturales irremplazables y contaminaron territorios, cuyo hábitat es de vital importancia para su subsistencia y la del planeta.
A este contexto se sumó el impacto social y económico de la pandemia del Covid-19, que tuvo una influencia desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables, entre ellas los pueblos indígenas.
Las deudas históricas para el pleno disfrute de sus derechos humanos se profundizaron, y se agudizaron las desigualdades estructurales. Sin embargo, la respuesta de los Estados ha sido la inacción, indiferencia, discriminación y ausencia de perspectiva intercultural.
Según un relevamiento de Amnistía Internacional, las principales problemáticas de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe durante la crisis sanitaria incluyen la falta de acceso suficiente a agua no contaminada, saneamiento, servicios sanitarios y prestaciones sociales, así como la falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y al sustento. La situación es especialmente grave en la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
El Producto Bruto Interno regional disminuyó cerca del 8% en 2020, casi 4 puntos más que el promedio global (CEPAL, 2021). Este cimbronazo impactó fuertemente en las personas indígenas, expuestas en gran proporción a trabajos informales o al desempleo.
Según Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas.
Además de la pobreza y sus consecuencias en la salud, muchos pueblos indígenas viven en zonas alejadas, donde no se garantiza el acceso a servicios sanitarios de forma oportuna. En la Argentina, líderes indígenas como Francisco Pérez, en Salta, o Israel Alegre, en Formosa, perdieron la vida en la lucha contra el Covid-19.
Durante la pandemia también se identificaron barreras para acceder a beneficios sociales, discriminación, segregación, y la proliferación de situaciones de uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
En Colombia, el ataque contra la Minga Indígena, en Cali, llevado a cabo por civiles armados, resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.
En varios países, la minería fue declarada servicio esencial durante la pandemia, por lo que los pueblos originarios quedaron expuestos al contagio. En el triángulo del litio –conformado por Chile, Argentina y Bolivia- persiste la preocupación por los proyectos para la extracción en tierras indígenas que no cuentan con todos los estudios de referencia necesarios para garantizar que no se pondrá en peligro el medio ambiente, o la salud y vida de las comunidades locales.
En Perú, indígenas del pueblo kána presentan altos niveles de metales y sustancias tóxicas en su cuerpo como consecuencia de la minería del cobre en Espinar, provincia del sureño departamento de Cusco. Los riesgos a la salud se vieron exacerbados por la pandemia: solo en esa zona se habían registrado más de 3.800 contagios entre abril y mayo de este año.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es importante reconocer y honrar la lucha de un colectivo cuya resiliencia ha permanecido intacta desde hace cinco siglos: son dueños de una riqueza de saberes, conocimientos, prácticas tradicionales, lenguas y cultura únicas.
Es momento de que los gobiernos de la región y del mundo dejen de postergar el reconocimiento y ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, y salden una deuda histórica con la población originaria.
Directora adjunta de Amnistía Internacional en la Argentina
