Aquel acuerdo rubricado por el gobierno kirchnerista en 2013 tenía como finalidad interrogar a los iraníes acusados por la Justicia de la Argentina de haber participado en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
El pasado 7 de octubre, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, integrantes del TOF N° 8 -y ahora recusados por la DAIA-, firmaron el sobreseimiento de todos los imputados, al considerar que el pacto entre Argentina e Irán se trató de una «decisión política» y que no existió delito.
De esta manera, los miembros del tribunal desestimaron la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Este domingo, vía electrónica, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó la apelación a esa decisión judicial -horas antes de que venciera el plazo para realizar el trámite- ante la Sala I del Tribunal de Casación.
Entre los funcionarios acusados, además de la vicepresidenta, figuran en el expediente el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el actual senador Oscar Parrilli; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque; y el referente piquetero Luis D´Elía, entre otros.
El pasado 20 de octubre la conducción de la DAIA anunció su decisión de apelar el fallo del TOF N° 8, pese a la postura en contrario de dos de las asociaciones que la integran, Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural.
