El fiscal federal Ramiro González concluyó que tanto él como el juez en lo Criminal y Correccional, Ariel Lijo, son competentes para investigar la presunta comisión de delitos en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017.
De esta manera, se cerró una larga disputa judicial que involucró a otros cinco jueces y sus respectivos fiscales, tanto en La Plata como en Comodoro Py. También dio por terminada el tire y afloje con el fuero electoral, hacia donde parecía dirigirse la investigación.
De esta manera, será el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 el que investigue si existió lavado de dinero, falsedades documentales y la supuesta utilización de aportantes truchos durante las campañas de Cambiemos.
Cabe destacar que Lijo también está a cargo de investigar los presuntos delitos cometidos por el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, y otros funcionarios de Cambiemos, en perjuicio del Estado para favorecer a la familia Macri en el Correo Argentino.
En el documento, González recomendó desarrollar los dos expedientes existentes por separado para evitar confusiones y sugirió nuevas medidas de prueba para determinar si el equipo de Cambiemos efectivamente delinquió. Lijo deberá evaluarlas en los próximos días y podría añadirlas a las órdenes que ya cursó en la causa para obtener los informes oficiales de los ingresos y los gastos que se realizaron durante las campañas electorales.
Cabe recordar que la causa se inició a raíz de una investigación del periodista Juan Amorín. En un principio, se enfocó en el uso de beneficiarios sociales como supuestos aportantes de campaña.
Sin embargo, cuando recibió los expedientes, el fiscal González afirmó que la maniobras en sospecha también “consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias ‘en negro’ durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales”.
Bajo sospecha está el financiamiento de las campañas de Cambiemos de 2015 (presidenciales) y de 2017 (tanto las de la provincia como las de la ciudad). Por las irregularidades descubiertas en Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, le pidió la renuncia a la tesorera del PRO en el distrito, María Fernanda Inza, quien había asumido como Contadora General.
