La delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción desde hace tiempo reclama que las licitaciones que emiten los gobiernos provincial y municipal sean adjudicadas a empresas arraigadas en la provincia, en el marco de la Ley de Obras Públicas 8.614, que establece la aplicación de la ley 9.331, también conocida como «Compre Córdoba».
La principal razón para insistir en la aplicación de esta ley radica en las fuentes laborales que podrían fomentarse y los recursos económicos de Córdoba que dejan los límites de la geografía provincial beneficiando a otras regiones, considerando que estas obras son fondeadas por los impuestos que pagan los habitantes de la provincia.
«En relación a los fondos que salen de Córdoba, no solo se trata del beneficio empresario, sino en especial a un conjunto de costos asociados a remuneraciones de personal, directo e indirecto, servicios profesionales y compra de bienes, como son los insumos y maquinarias que habitualmente se adquieren y contratan en las ciudades donde las sedes centrales están instaladas», señaló la Cámara este lunes en un comunicado.
Para poder tener mayores precisiones, la Cámara simuló a través de su «Sistema Estadístico de Costos de la Construcción» el impacto de compra local y los números fueron realmente significativos. «De una obra de infraestructura vial típica, como son las rutas, el 28% del costo total son fondos que dejarían Córdoba. Sin embargo, la pérdida es aún mayor por el efecto multiplicador, perdemos lo que se paga a ingenieros, topógrafos, mecánicos o laboristas fuera de nuestra provincia, pero también lo que estos consumen en el comercio minorista de sus ciudades multiplicando otras economías y no la cordobesa», indicaron los constructores.
Llevando la simulación al extremo, se indagó cuánto perdería la economía provincial en caso que el 100% de la obra pública fuera realizada por empresas de otras jurisdicciones tomando como referencia el presupuesto provincial 2018 para el rubro. El resultado -en total- tomando en consideración los efectos indirectos de multiplicación, Córdoba perdería 3.343 millones de pesos, es decir el equivalente a 2.400 viviendas sociales o a 316.000 canastas básicas alimentarias.
A su vez, la Cámara destacó que cada vez son más las empresas con sede central fuera de Córdoba a las que se les adjudican obras, basta ver el caso del cierre del anillo de circunvalación, donde el 76% de las empresas no eran locales: «Si se repitiera un escenario como ese, la economía provincial perdería 2.540,8 millones de pesos, es decir el equivalente a 1.815 viviendas sociales, o 240.000 canastas básicas», estimó.
