La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, encabezó este viernes un operativo con cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad a raíz de tres denuncias por supuestas estafas contra Generación Zoe sede Villa María.
Por estas horas, la fiscal ya pidió la captura del al fundador del holding, Leonardo Cositorto y otras siete personas mas: Maximiliano Javier Batista, Claudia Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Veronica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analia Alvarez, Florencia Anahi Alvarez.
Para todos ellos, que actualmente se encuentran prófugos de la justicia, las imputaciones solicitadas por la fiscalía son por “asociación ilícita” y “estafas”.
La sede de Zoe se encuentra sobre avenida Alem, entre calles Catamarca y San Juan, y es uno de los espacios allanados. Ese local había amanecido cerrado el jueves 17 de febrero con una gran incertidumbre a su alrededor.
«Desde hace unos días, las oficinas se encontraban con sus puertas cerradas al público, pero se mantenían comunicaciones con usuarios a través de Whatsapp», informó hoy el portal Villa María Vivo.
Al mismo tiempo, durante la mañana de este viernes, en la Ciudad de Buenos Aires se extendió una larga fila de particulares en calle Crisólogo Larralde 1801, donde se ubican las oficinas de Zoe, en la zona de Núñez.
Atención. 9:15hs de la mañana en la oficina de Zoe de Nuñez se agranda la fila. Ya da vuelta la calle. pic.twitter.com/bvgkey2V0t
— Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) February 18, 2022
Imputan por supuesta estafa al fundador de Generación Zoe
El viernes pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó por supuestas maniobras de estafa al fundador del holding Generación ZOE, Leonardo Cositorto, y solicitó una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado, según informaron fuentes judiciales.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo e incluye referencias a una denuncia derivada por el ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.
Allí se señaló que el objetivo del holding era “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares”.
La misma denuncia detallaba que como contrapartida de la inversión inicial se prometían “ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada” y que para quienes no pudieran invertir debían “captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
También se señalaba en la presentación judicial que, a los fines de atraer inversores, “Leonardo Cositorto promete respaldar las operaciones con oro, aseverando ser propietario de una mina ubicada en la provincia de Jujuy”, según surge del requerimiento de instrucción.
Días atrás, se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
Esa ONG tiene un área de legales que desde hace tiempo que sigue «las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.
«Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ‘Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado», señalaron entonces desde la ONG Bitcoin Argentina cuando presentaron una denuncia contra Generación Zoe ante la Procelac.
La denuncia apuntaba a “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación» e imputa «en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados».
La ONG Bitcoin Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain y que en aquel comunicado puntualizó que «uno de los objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain».
