A través de una estrategia combinada de acciones ambientales, legales y educativas, la Municipalidad de Córdoba busca cambiar complejas conductas de arrojo ilegal de residuos en la ciudad.
El histórico macrobasural de Roque Arias empezó a ser un espacio con zonas para la descarga controlada de residuos, junto con guardias que controlan y concientizan sobre el correcto uso del lugar, localizado al oeste de la ciudad. Las tareas se realizan en forma conjunta entre la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, la Justicia Administrativa de Faltas, la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes e involucran al Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial.
El sector más afectado se encuentra sobre la avenida García Martínez y, en menor medida, el cruce de esa arteria con Roque Arias. Desde hace décadas, el predio se caracteriza por el arrojo crónico e ilegal de residuos, principalmente de escombros, resto de poda y basura domiciliaria, tanto de empresas con camiones, camionetas particulares y carreros. Es un problema que también afecta a las barriadas de Las Palmas, Lamadrid, Villa Ávalos y San Roque.
La Municipalidad de Córdoba informó que llevan semanas limpiando el sector sobre García Martínez con maquinaria pesada y camiones batea para el traslado eventual de los materiales hacia su valorización o disposición final. Ya se retiraron más de 600 toneladas de residuos.
A la par se delimitaron espacios de descarga controlada y quedó una sola entrada habilitada de vehículos. Para obstaculizar el arrojo ilegal se levantaron bermas perimetrales, montículos de tierra ubicados en el predio, donde existe una guardia y personal que concientiza sobre el correcto uso del espacio. Asimismo, se colocó cartelería que describe la prohibición de arrojar residuos.
Además se reparó el alumbrado público LED en la avenida y también se instalarán luminarias viales solares en diferentes puntos del lugar.
Actualmente, el predio está judicializado tras la denuncia penal realizada a principios de mayo por la Municipalidad de Córdoba contra los propietarios de ese baldío privado. Fue la primera de su tipo y busca sentar un precedente más allá de las faltas administrativas, encuadrando esas acciones como un delito contra la salud pública y el ambiente.
Tras evaluar las condiciones del predio de aproximadamente 170.000 m² y establecer un plan de muestreo, la Justicia está tomando muestras de suelo para evaluar el tipo de contaminación en la zona.
Cambio de uso
A futuro se iniciarán las obras para instalar en el lugar un nuevo Centro de Transferencia de Residuos (CTR), que se sumará a los de Villa Unión y Rancagua, donde se almacenan residuos en forma diferenciada para su posterior valorización en el proceso de economía circular. Se levantará en un terreno de más de 7200 m² y con un único sector de ingreso y egreso, regulado por personal permanente en el sitio.
El espacio dispondrá de zonas de almacenamiento diferenciado de residuos como electrónicos, escombros, neumáticos, y resto de poda, que podrán ser procesados con una chipeadora. Los contenedores estarán semienterrados para facilitar el acceso y la descarga. De esta manera, el cambio de uso permitirá la erradicación definitiva del macrobasural.
Control y endurecimiento de las sanciones
En la misma línea, desde junio de 2024 opera la Unidad de Riesgo Sanitario, a cargo de la Justicia Administrativa de Faltas, que intima a los titulares de terrenos privados a mantenerlos en condiciones de higiene. Si no obtienen respuesta, coordinan la limpieza y se cargan esos costos a los propietarios.
Además, recientemente el municipio elevó hasta 1000% los montos de las multas por el arrojo ilegal de residuos, que tiene un costo base de más de 2 millones de pesos. A la par, se incorporaron nuevas sanciones en el Código de Convivencia local: la quita temporal o definitiva de la licencia de conducir a los transportistas involucrados y hasta la pérdida de cualquier beneficio otorgado por el municipio de la capital.
La ordenanza también prevé un fondo específico para solventar acciones de remediación en los distintos basurales. De esta manera, la denuncia penal busca ampliar el abordaje de una problemática de higiene urbana a una cuestión de salud pública y ambiental.
Cómo denunciar
El control social y la modificación de conductas requiere un cambio cultural para el cuidado colectivo del espacio público.
Los vecinos pueden colaborar con el control de estos sitios que presenten condiciones de abandono y riesgo sanitario. Pueden realizar la denuncia en la App Ciudadana o al número 351-610-0517 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También a través de la web de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular.
