La situación del sistema científico argentino vuelve a generar un fuerte cruce entre las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y parte de la comunidad académica. Mientras el presidente del organismo, Daniel Salamone, rechaza que exista un “cientificidio” y sostiene que no hay un proceso de desfinanciamiento, investigadores y responsables de institutos cuestionan esa mirada y advierten sobre el deterioro de las condiciones para investigar en el país.
Las declaraciones de Salamone se producen luego de una nueva movilización de integrantes de la comunidad científica, que esta semana se concentraron en el Obelisco para reclamar mayores recursos para el sector. Según los manifestantes, la inversión en ciencia y tecnología cayó a niveles históricamente bajos, en torno al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 0,32% registrado anteriormente.
El titular del CONICET, en declaraciones realizadas el jueves 13 de agosto, rechazó esa caracterización. Afirmó que su postura está “muy lejos” de la idea de un “cientificidio” y sostuvo que tampoco existe el nivel de desfinanciamiento denunciado por los investigadores.
En relación con las becas, Salamone aseguró que actualmente la cantidad otorgada supera a la de años anteriores y afirmó que la política oficial busca preservar la excelencia científica y, al mismo tiempo, aumentar el impacto productivo de las investigaciones.
También negó que exista una fuga de investigadores provocada por las actuales políticas y sostuvo que la mayor parte de las salidas del sistema se produjo durante la gestión anterior. Según planteó, el objetivo de su administración es conservar la capacidad científica del organismo y avanzar hacia una mayor transferencia tecnológica y generación de valor para el sector privado.
Investigadores cuestionaron el diagnóstico oficial
Las afirmaciones del funcionario fueron cuestionadas por distintos integrantes del sistema científico. Daniel Feierstein, docente e investigador principal del CONICET en el Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), calificó las declaraciones de Salamone como “muy desafortunadas”.
Feierstein puso el foco especialmente en la situación salarial de docentes e investigadores. Según explicó, los ingresos del sector se encuentran en niveles extremadamente bajos y, en numerosas categorías, incluso por debajo de la canasta básica.
El investigador también señaló dificultades para acceder a subsidios destinados a proyectos científicos, una herramienta que considera fundamental para sostener la actividad. No se trata únicamente de pagar salarios, explicó, sino también de garantizar recursos para laboratorios, equipamiento, insumos, asistencia técnica y otros elementos necesarios para desarrollar investigaciones.
En su caso particular, sostuvo que dirige un proyecto que cuenta con informes aprobados pero cuya continuidad se encuentra comprometida por la falta de financiamiento. Consideró que discontinuar investigaciones previamente aprobadas genera además un desperdicio de los recursos que el Estado ya destinó a esos trabajos.
Feierstein advirtió que el problema termina afectando a los equipos de investigación, debido a que el sistema depende de un funcionamiento articulado entre salarios, becas y subsidios. A su entender, la combinación de esos factores está impulsando la salida de profesionales hacia otros países o hacia el sector privado.
“El sistema se está enflaqueciendo”
Una mirada similar expresó Juan Esteban Ugalde, director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBio), unidad ejecutora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El investigador reconoció que algunas cifras de becas pueden mantenerse o incluso superar las de determinados períodos, pero sostuvo que ese indicador no alcanza para evaluar el estado general del sistema.
“Lo que no hay es una política científica”, planteó Ugalde, quien cuestionó que durante los últimos dos años no se haya presentado, a su criterio, un esquema integral que establezca hacia dónde pretende avanzar el sector.
También afirmó que en el instituto que dirige hay investigadores que están abandonando el sistema, particularmente jóvenes que finalizan sus tesis y que podrían continuar sus carreras científicas, pero terminan buscando oportunidades en el exterior o en empresas privadas.
Para Ugalde, el deterioro puede observarse directamente en los laboratorios: “el sistema se está enflaqueciendo” en materia de recursos humanos, sostuvo.
Denuncian falta de subsidios y menor atractivo de las becas
Otro de los cuestionamientos provino de Juan Manuel Carballeda, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET especializado en virología y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham.
Carballeda cuestionó particularmente la posición asumida por Salamone y consideró que, por su trayectoria dentro del organismo, el titular del CONICET conoce las dificultades que atraviesan investigadores y becarios.
Según describió, los salarios permanecen afectados por la política aplicada sobre los ingresos de la Administración Pública Nacional, mientras que numerosos investigadores buscan alternativas laborales fuera del sistema científico estatal.
El investigador también aseguró que los subsidios para trabajar se encuentran frenados y cuestionó las condiciones de las convocatorias a becas, que, según sostuvo, ofrecen montos cada vez menos atractivos para quienes buscan realizar un doctorado.
Carballeda consideró que el sistema atraviesa uno de sus períodos más críticos y advirtió sobre la salida cotidiana de profesionales que fueron formados durante años con inversión pública.
Una discusión que excede al CONICET
El enfrentamiento pone nuevamente en primer plano una discusión de fondo sobre el financiamiento y el rol de la ciencia y la tecnología en Argentina.
Mientras el Gobierno sostiene que busca preservar la excelencia, mejorar la productividad y acercar la investigación al sector privado, distintos referentes del ámbito científico alertan que la falta de recursos puede afectar la continuidad de proyectos, la formación de nuevos investigadores y la permanencia de profesionales en el país.
La discusión también se da en un contexto de movilizaciones y reclamos por parte de trabajadores y científicos, que exigen una mayor inversión estatal. Para los investigadores críticos de la actual gestión, el deterioro de salarios, becas y subsidios constituye una amenaza para la continuidad de un sistema construido durante décadas.
Así, el conflicto dentro del CONICET continúa abierto: mientras las autoridades niegan que exista un proceso de destrucción o una fuga de cerebros atribuible a la actual gestión, distintos científicos sostienen que la pérdida de recursos humanos y materiales ya puede observarse en universidades, institutos y laboratorios de todo el país.
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