El Inta exoneró a Virginia Aparicio, investigadora con más de 20 años de trayectoria en el organismo, mediante la resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre. La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.
La medida representa la sanción disciplinaria más grave del régimen de empleo público nacional y dispone su desvinculación del organismo. El procedimiento administrativo comenzó luego de que las autoridades suspendieran una reunión prevista para presentar los resultados del estudio a los participantes y, posteriormente, decidieran retirar a Argentina del proyecto.
La investigación sobre agroquímicos
Aparicio trabaja desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta en Balcarce, donde desarrolló investigaciones sobre plaguicidas, suelos, agua y prácticas agrícolas. En 2020, el organismo aprobó su participación en Sprint, una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea y coordinada por investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
El estudio reunió equipos de diez países europeos y Argentina para analizar la exposición a productos fitosanitarios y sus posibles efectos. Durante 2021, se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se estudiaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos.
Entre los resultados difundidos se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas analizadas, además de distintas mezclas de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. Los hallazgos buscaban caracterizar la exposición a estas sustancias y aportar información para evaluar sus posibles impactos. La detección de un compuesto, por sí sola, no demuestra que haya causado una enfermedad.
En junio de 2023, las autoridades del Inta ordenaron suspender una reunión en la que se iban a presentar los resultados a los participantes. En 2024, el organismo resolvió retirar a Argentina del proyecto internacional.
Los motivos de la sanción y el reclamo de la defensa
El sumario administrativo incluyó ocho imputaciones vinculadas con presuntas irregularidades en la gestión del proyecto. Entre los cuestionamientos figuraron el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la participación de un colaborador sin designación formal y supuestos incumplimientos administrativos y financieros.
Virginia Aparicio, la investigadora del Inta que podría ser exonerada por estudiar plaguicidas
La defensa de Virginia Aparicio rechazó las acusaciones y sostuvo que el envío de muestras respondía al protocolo internacional, que se habían resguardado los datos de los participantes y que la investigación contaba con financiación de la Unión Europea. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción.
Según los fundamentos de la resolución difundidos en las coberturas periodísticas, el organismo reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal ni antecedentes disciplinarios de la investigadora. Tampoco se habría determinado de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Sin embargo, el Consejo Directivo consideró que existían incumplimientos suficientes para disponer la exoneración y rechazó los planteos de nulidad del procedimiento.
La decisión generó cuestionamientos de organizaciones científicas, sindicatos, agrupaciones socioambientales y sectores vinculados con los derechos humanos, que denunciaron un caso de persecución institucional y reclamaron por la libertad de investigación.
El 15 de octubre, antes de conocerse la sanción definitiva, Aparicio presentó los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. Tras la resolución, la investigadora y su defensa mantienen la posibilidad de recurrir a la Justicia para cuestionar la legalidad y la proporcionalidad de la medida.
El caso de Virginia Aparicio reabre el debate sobre la continuidad de las investigaciones en organismos públicos, el acceso a la información ambiental y los procedimientos administrativos aplicados a equipos científicos que estudian el impacto de los agroquímicos.
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