Durante décadas, Costa Rica funcionó como una anomalía latinoamericana. Democracia estable, sin fuerzas armadas, con alternancia previsible y una cultura política más cercana al consenso liberal que a la confrontación ideológica. Ese relato -repetido casi como mantra en la región- acaba de resquebrajarse. La elección de Laura Fernández como presidenta no es solo un cambio de signo político sino más bien un síntoma. Y como todo síntoma, habla menos de una persona que de una estructura en transformación.
La comparación inmediata con Nayib Bukele no es casual. Tampoco es del todo precisa. Fernández no es Bukele, ni Costa Rica es El Salvador. Pero el hecho mismo de que la analogía resulte verosímil dice mucho del momento político regional. Incluso en países con instituciones sólidas, la demanda de orden comienza a imponerse sobre la defensa abstracta de las garantías. La excepción costarricense se diluye, y con ella, uno de los últimos refugios del liberalismo democrático latinoamericano.
El triunfo de Fernández debe leerse en el marco de una crisis más amplia: la erosión del consenso liberal que organizó la política latinoamericana desde los años noventa. Ese consenso -basado en la moderación, la tecnocracia y la promesa de gobernabilidad- ha perdido capacidad de respuesta frente a problemas que hoy estructuran la vida cotidiana como la inseguridad, el crimen organizado, la desigualdad persistente y cierta sensación de pérdida de control estatal.
Cuando el Estado aparece como incapaz de garantizar lo más básico -la seguridad física-, los equilibrios institucionales dejan de ser un valor en sí mismo y pasan a percibirse como obstáculos. En ese punto, el debate deja de ser ideológico y se vuelve funcional: ¿qué sirve?, ¿qué funciona?, ¿quién decide?
Fernández capitaliza exactamente esa pregunta. No propone una ruptura explícita con la democracia, pero sí una reinterpretación. Menos énfasis en los procedimientos, más en los resultados. Menos mediaciones, más decisión. Menos garantías, más castigo. No es un discurso nuevo, pero sí cada vez más transversal.
Hablar de un “avance de la ultraderecha” puede ser tentador, pero resulta analíticamente insuficiente. Fernández no encarna una ultraderecha clásica, ni religiosa, ni abiertamente antidemocrática. Lo que encarna es algo más contemporáneo y, por eso mismo, más inquietante. Una derecha de orden, punitiva, post-liberal, que opera dentro del sistema mientras lo reconfigura.
En ese sentido, Bukele funciona menos como ideólogo y más como prueba empírica. Su gobierno ofrece un relato simple y poderoso de mano dura, control territorial, popularidad electoral. Las críticas internacionales existen, pero no han tenido costos políticos internos significativos. Esa experiencia se vuelve exportable no como doctrina, sino como evidencia de que el castigo puede generar legitimidad.
Fernández toma ese insumo y lo adapta a un contexto institucional más robusto. No propone suspender la Constitución, pero sí tensionarla. No habla de estados de excepción permanentes, pero sí de endurecimiento penal y expansión del poder ejecutivo. La comparación con Bukele no está en la forma, sino en la lógica.
Que este giro ocurra en Costa Rica es lo verdaderamente relevante. No se trata de un país históricamente atravesado por autoritarismos, ni por crisis institucionales crónicas. Justamente por eso, su corrimiento señala un cambio más profundo: cuando incluso las democracias “modelo” empiezan a aceptar discursos de orden duro, el fenómeno deja de ser marginal.
El avance del narcotráfico y la violencia no solo desestabiliza territorios; desestabiliza consensos normativos. Frente a esa amenaza, la promesa de derechos pierde centralidad frente a la promesa de control. La seguridad deja de ser una política pública más y se convierte en el eje ordenador de todo el sistema político.
Ese desplazamiento redefine la frontera de lo aceptable. Medidas que hace una década habrían sido impensables hoy se discuten como necesarias. No porque haya cambiado la Constitución, sino porque cambió el umbral social de tolerancia al autoritarismo.
El caso costarricense no implica una derechización homogénea de la región. Conviven gobiernos de izquierda, experiencias híbridas y liderazgos de distinto signo. Pero sí hay una convergencia temática: seguridad, orden, eficacia. Milei en Argentina lo expresa desde la economía; Noboa en Ecuador desde el discurso empresarial; Bukele desde el punitivismo extremo. Fernández lo hace desde una derecha institucional que promete firmeza sin ruptura.
Lo común no es la ideología, sino el diagnóstico: el Estado liberal es percibido como insuficiente. Y cuando ese diagnóstico se instala, la respuesta tiende a privilegiar concentración de poder antes que deliberación.
El problema no es solo quién gobierna, sino qué se normaliza. Democracias que, bajo presión, aceptan restricciones a derechos en nombre de la seguridad no se convierten automáticamente en autoritarias, pero sí en más frágiles. La erosión no suele ser abrupta; es incremental, funcional, muchas veces popular.
La pregunta de fondo no es si Laura Fernández será “la Bukele de Costa Rica”. Es otra: ¿cuántos grados de autoritarismo están dispuestas a tolerar las sociedades latinoamericanas para recuperar una sensación de orden?
Cuando incluso Costa Rica empieza a formular esa pregunta, algo estructural está cambiando. Y no necesariamente para mejor.
