¿Angulo presidente?
Se acerca el final de 2022 y también del segundo año de la presidencia en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de Sebastián López Peña. Ingresado al máximo tribunal en marzo de 2015, le tocó surfear con situaciones complejas e inesperadas como la pandemia y el ataque al sistema informático del Poder Judicial. Y lo hizo exitosamente; por un lado conduciendo un recambio tecnológico que estaba previsto para un período más prolongado, pero que de apuro tuvo que implementarse para hacer posible la virtualidad, que mientras duró lo más difícil de la enfermedad, fue el único modo de llevar adelante la actividad. Y en relación a la última sorpresa del ‘hackeo’, el sistema ya casi está reestablecido en su totalidad.
Pero además, López Peña se ocupó de la continuidad de las obras de infraestructura, varias e importantes. Y, como presidente, tal vez se pasó más tiempo en los tribunales del interior y de nuestra ciudad, que en su propio despacho. Corresponde reconocer una gestión que fue más llana, desacartonada y directa que las anteriores, un estilo que ojalá haya llegado para quedarse.
En relación a su reemplazante, las miradas se orientan al ex ministro de Justicia Luis Angulo ya que, de los siete jueces actuales, fue el último en ser designado en 2019 y, por lo tanto, el único que por ahora no asumió la más alta responsabilidad del Tribunal Superior. Seguramente en las próximas semanas se sabrá, pero desde la lógica nos permitimos preguntar: ¿Luis Angulo, presidente del TSJ en 2023?
¿Libre o preso?
El siniestro de tránsito presuntamente provocado por el legislador Oscar González en el Camino de las Altas Cumbres, el pasado sábado, motivó en Tribunales un debate de pasillo del que participaron desde magistrados hasta empleados y abogados. El hecho fue gravísimo, y Oscar González ya tenía sanciones por conducir con exceso de velocidad, con la duda de saber si estaba bien que todavía conservara la licencia. La investigación corresponde a la fiscal Analía Gallarato quien lo imputó de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Pero además, tratándose de la tercera autoridad actual del Gobierno Provincial, es lógico pensar que puede «interferir» en la investigación ya que se trata de un funcionario muy importante que conoce a mucha gente de peso en el Poder Judicial. La pregunta, entonces, que cae de maduro es: «Estando imputado por un hecho tan grave y con la posibilidad de interferir en la investigación… ¿no tendría que estar preso?, ¿No existe riesgo procesal? Si el acusado por este accidente fuera otra persona, ¿estaría libre… o preso?
Tentación gigante
A pesar que, de tanto en tanto, se desarticulan bandas de ladrones de autos que actúan especialmente en nuestra ciudad, y también en el interior provincial, y que después se pasan algunos años presos y terminan condenados mayormente por asociación ilícita, con penas de entre 3 y 10 años de cárcel, los robos de autos, y accesoriamente de ruedas y gomas, no disminuyen en absoluto. Se forman nuevas bandas y parecieran multiplicarse como hongos después de una lluvia.
Actualmente roban distintos modelos y marcas, incluso algunos «viejitos». Pero los inhibidores de alarmas se han convertido en una herramienta fundamental, sobre todo para quienes roban autos caros que, en su gran mayoría, son cortados y desarmados para vender luego las autopartes y los repuestos, hoy por hoy, muy codiciados en el «mercado negro».
Los valores de referencia pueden ilustrarnos mínimamente para entender la cantidad de ladrones que se suman al «choreo» de autos en Córdoba. Hoy por ejemplo, una camioneta Toyota puede costar alrededor de 15.000.000 de pesos. Quienes la cortan, pueden juntar 5.000.000 de pesos, o más; y quienes la levantan de la calle y la ponen a «enfriar», 1.000.000 de pesos. Como queda en evidencia, la tentación es gigante.
