Otra interpretación
El 24 de mayo del 2023 terminó un juicio muy importante en la Cámara Sexta del Crimen, con condenas a prisión perpetua para los hermanos Cristian y Alejandro Céliz, acusados de abusar sexualmente, durante 3 años, de sus dos hermanastras menores de edad y provocar el suicidio de una de ellas, incapaz de sobreponerse a las traumáticas vivencias sufridas. Los jueces Brandán, Díaz Reyna y Buteler, junto a los jurados populares participantes, emitieron el fallo por unanimidad. Más allá de las particularidades del caso, ocurrió algo similar a lo que ya había sucedido en julio del 2021 en la Cámara Tercera, cuando condenaron también a perpetua a Walter Insaurralde, por violar y provocar la muerte de su hija Sathya Aldana, en lo que fue una sentencia pionera a instancias del pedido hecho por el fiscal Marcelo Hidalgo. Insaurralde no mató directamente a Sathya pero sus abusos determinaron la muerte de ella, lo cual fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo durante la casación, el TSJ no convalidó de igual manera la condena para los hermanos Céliz por interpretar que, a diferencia del caso de Sathya Aldana en la que el victimario se representó la consecuencia fatal para su hija y la despreció, en el caso de los Céliz estos no pudieron prever la muerte de una de las hermanitas abusadas (la sobreviviente sufrió graves secuelas en su salud). Por lo tanto, ordenó a la misma Cámara Sexta que aplique otras condenas pero sólo por los abusos, de modo que ya no considerara la muerte de una de las víctimas como agravante. Finalmente, Cristian Céliz fue condenado a 16 años de cárcel, y Alejandro a 12. Recordemos que el caso había sucedido en la Colonia Vicente Agüero, cerca de Jesús María, y que la pequeña abusada que se quitó la vida tenía solamente 8 años de edad.
Por supuesto la discusión jurídica es muy interesante porque plantea, según el criterio del TSJ, diferencias en casos de muertes posteriores a situaciones de abusos. ¿Cuándo se aplica correctamente o no la pena de prisión perpetua? Recordemos que todavía el TSJ también debe resolver planteos similares, como por ejemplo la apelación por la perpetua que la Cámara Tercera impuso al ex titular de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, por la muerte de la bombera Luana Ludueña. Lo cierto es que a veces lo que pareciera estar claro en el Código Penal, no lo está al menos en la mirada de algunos jueces que se inclinan por otra interpretación.
Descuentos falsos de Netflix
Los call-centers tumberos pulularon en los últimos años, en muchas cárceles cordobesas y de buena parte del país. Se los pueden describir como organizaciones que comienzan con el ingreso de teléfonos a los penales para que lleguen a manos de algunos presos. Luego estos,ingeniosa y azarosamente, sorprenden a gente desprevenida con ocurrentes mentiras y ofrecimientos y todo concluye afuera de las prisiones con las y los cómplices encargados de juntar los depósitos y la recaudación del dinero surgido de los engaños.
El fiscal especializado en cibercrimen, Franco Pilnik, acaba de elevar a juicio una causa conocida como la de “los descuentos truchos de Netflix”, con un montón de damnificados en Córdoba y otras provincias. Son hechos posteriores a la pandemia y los acusados son Rodrigo Alis, Nadia Pérez, Kevin y Yamila Ponce, María Bazán, Amelia Cuello, Facundo Fernández, Yamila González, Karen López, José Matías, Fabricio Rodríguez, Claudio Soria, Viviana Sosa, Johana Venencio González y Fabio Vargas. Tanto los hombres presos como las mujeres recaudadoras están imputados de asociación ilícita y estafas. En este caso en particular, las víctimas eran clientes de Netflix que reclamaban por algún problema y entonces los acusados armaban páginas falsas de Facebook y se contactaban con ellos después de robarles los datos personales. De modo que no era difícil “morder el anzuelo” y entregarles claves de cuentas bancarias, gracias a las cuales les robaban todo el dinero posible. Afortunadamente, uno de los denunciantes advirtió la maniobra inmediatamente después de ser estafado y con todas las pruebas que pudo juntar se presentó en la fiscalía acompañado por el abogado Claudio Orosz. Las pesquisas se pudieron hacer de modo diligente y entonces la banda quedó desarticulada al cabo de algunos meses.
Lo que habitualmente sucede en estos casos, es que ante la fortaleza de la investigación, casi todos los implicados admiten los cargos y aceptan ser condenados en juicios abreviado con penas que van entre los 3 y 10 años de prisión, según la participación de cada uno. A propósito, estas argentinísimas estafas tumberas bien podrían convertirse en una película para Netflix, que al menos, hasta ahora, casi no ofrece descuentos…ni falsos, ni verdaderos.
