Una de las peores violencias contra las infancias es el abuso sexual. Estos hechos marcan un antes y después en la vida de las personas que lo sufren, muchas veces volviendo una y otra vez a raíz de la revictimización que viven sea tanto por malas prácticas en instituciones que deben cuidarlos como el Estado y sus poderes, como también dentro del ámbito que sucede sea familiar, escolar o en instituciones religiosas.
El silencio es una de sus formas. Niñas y niños no encuentran explicación, ni comparación ante lo sucedido. A su vez, los abusadores les amenazan si relatan lo acontecido. O bien, muchas familias desoyen el relato de las y los menores. Hay madres, hermanos o parientes que callan por temor a represalias ya que deben convivir bajo el mismo techo con los abusadores.
Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia, acorde a recientes datos de la Organización Mundial de la Salud. En particular, para las niñas y jóvenes la situación muta con mayor aspereza a raíz de su capacidad de gestar cuando son forzadas a llevar adelante embarazos productos de violencias sexuales. De aquí una de las principales banderas de los feminismos estos últimos tiempos: Niñas, no madres”.
Niñas, no madres
¿Cómo puede una niña reemplazar un juguete por un recién nacido? Dejar la escuela para maternar, a escondidas y en clara manifestación de la culpa por un hecho del cual es inocente.
Cada año cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Argentina. A menor edad, mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual”, se detalla en un informe presentado en 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación.
El sistema de salud no lleva registros sistematizados y el sistema de justicia solo se basa en las denuncias formales que no siempre se realizan, de manera que el número de denuncias no da cuenta de la ocurrencia real del evento”, se lee en el documento Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas”.
Incesto
En Brasil, hace una semana un caso tomó estado público por las presiones de grupos religiosos y la defensa de los movimientos de mujeres. Una niña de 10 años quedó embarazada, producto de una violación por parte de su tío de 33 años y pidió la interrupción de la gestación.
Según la prensa del país vecino, la niña fue violada de manera continua desde sus seis años. Al momento de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, la pequeña abrazaba un peluche contra su pecho y a duras penas podía hablar ya que durante cuatro años vivió bajo amenaza de su tío quien aseguró que lastimaría a su familia si ella hablaba.
Los médicos de un hospital se negaron practicarle el aborto por lo que acudió a otro nosocomio a miles de kilómetros de distancia. Si bien la justicia brasileña se pronunció a su favor, los grupos religiosos más conservadores y la ministra de la Mujer, Damares Alves, presionaron para que continuara con el embarazo.
Días antes de este caso, la ministra Alves se pronunció públicamente por los abusos sexuales a menores de la Amazonia: «Especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, la niñas no usan calzones porque son pobres». Tras estos dichos, la funcionaria pública quien también es pastora recibió cuestionamientos y repudio en redes sociales.
En Argentina, hace una semana, un abuso cometido por parte de un padre hacia su hija de seis años tomó estado público y llegó a ser tendencia en Twitter. El hecho trascendió a raíz de una serie de audios de Whatsapp donde el hombre confesaba el delito.
Vecinos del presunto violador llegaron a su casa con la intención de quemarla, en El Jagüel partido bonaerense de Esteban Echeverría. Tanto este intento de justicia comunal, como la magnitud de la condena social desatada en redes sociales encuentran una explicación en el tabú del incesto.
En su afán de buscar una ley universal, el antropólogo Claude Lévi-Strauss arribó a la conclusión que el incesto es rechazado en todo el planeta. Esto se basa en sus consecuencias para la estructuración de la sociedad y la subjetividad de las personas.
El incesto lleva a la deshumanización, a lo siniestro que pone de manifiesto un mecanismo de dominación patriarcal, masculino y adulto que invisibiliza situaciones de violencia al interior de las familias, afectando en mayor medida a las niñas y adolescentes. Apunta a la médula de las relaciones de poder.
En el país, según datos del año 2016, la mayoría de los abusadores son familiares y nueve de cada 10 son varones.
¿Quiénes son los agresores? En el 75% de los casos un familiar, de los que el 40% es el padre y el 16% el padrastro. ¿Cuál es el género de los agresores? El 89% son de género masculino y el 7% de género femenino, sobre el 4% restante no hay datos”, se lee en un informe interanual 2015-1016 presentado por el Gobierno nacional acorde a la cantidad de denuncias recibidas al 0800-222-1717. Esta línea es gratuita y está disponible todos los días del año, las 24 horas para asesorar en caso de violencias contra la integridad sexual de menores.
La Justicia, en la mira
Ante los abusos, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es una herramienta que rompe el aislamiento y el silencio. Hablar es comenzar a prevenir. Los relatos de las niñas y los niños también encuentran un amparo en los movimientos feministas. Este miércoles 26 de agosto, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba llama a movilizarse desde Colón y General Paz en el centro de la ciudad a partir de las 17, con las medidas de bioseguridad pertinentes, bajo la consigna: Sus llantos ahora son nuestros gritos”.
La vulneración por parte de la Justicia cordobesa es una de las principales demandas. La última estadística difundida acerca de la actuación del Ministerio Público Fiscal (2018) evidencia la
realidad que se vive en Córdoba: de los 2.471 sumarios abiertos por abuso y violación, 567 son de niños, niñas y adolescentes menores a 12 años y solo el 3,8% (95 causas) fueron elevadas a juicio”, alertaron desde la Asamblea.
El foco está puesto en la actuación de las fiscales Alicia Chirino e Ingrid Vago, a cargo de las Fiscalías de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público Fiscal, y del Equipo de Intervención de Víctimas.
El año pasado, la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para pronunciarse en repudio por la forma en que procediera la Fiscalía de Delitos Sexuales al respecto de las 16 denuncias por abuso sexual infantil realizadas por familiares de ex alumnos y alumnas del establecimiento educativo Collegium.
El repudio apunta al desempeño malintencionado de la fiscal Alicia Chirino en la causa, que debería resultar en su destitución” manifestó la legisladora en su red personal Twitter. La causa no avanza, y tiene como principales acusados a dos profesores de música de la escuela quienes continuaron trabajando en la institución, según el proyecto con fecha de marzo 2019.
Desde la Asamblea, que reúne las voces de diversos colectivos, apuntan contra la aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental). Este método fue creado por Richard Gardner, un psiquiatra y pedófilo declarado. Está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, y actualmente la provincia de Mendoza trata sobre tablas un proyecto que desalienta el uso de este mecanismo, el cual describe el comportamiento que debería tener un menor abusado, ya que resta importancia al relato de las víctimas y apunta a las madres como artífices de inventar los hechos denunciados.
Entre otros reclamos, se cuestiona la disponibilidad de operadores judiciales en tiempos de trabajo remoto y se recuerda el caso de Flavia Saganías, quien recibió una condena de 23 años de prisión tras denunciar al padre de su hija por abuso sexual en posteos de Facebook.
Los abusos en la infancia no son hechos aislados, atraviesan las historias de vida de millones de personas en todo el planeta. En un momento bisagra donde cuidarnos es quedarnos en casa por la pandemia del nuevo coronavirus, la atención ante los cambios de ánimo o relatos de los menores debe estar más presente que nunca. Como así también, las redes de contención entre las y los sobrevivientes de las violencias contra su integridad.
