El Aporte solidario y extraordinario a personas con patrimonios superiores a $200 millones generó hasta el momento ingresos fiscales por más de $ 223.000 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo, según informó la Afip. La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont.
En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa. Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.
A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).
Por último, precisaron que cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.
Fiscalizan a 900 millonarios que no pagaron
Para asegurar que los contribuyentes alcanzados por la ley cumplan con su obligación, la Afip inició una serie de fiscalizaciones integrales que incluyen el control del cumplimiento de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, a más de 900 contribuyentes con un patrimonio superior a los $200 millones que omitieron completar las declaraciones e ingresar los pagos .
Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, señalaron. Según el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.
