El proceso de desestatización de las empresas públicas sumó este jueves un capítulo central. Con la apertura de las ofertas económicas a través de Contrat.Ar, el Ministerio de Economía avanzó con la transferencia del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a manos privadas por 30 años.
El consorcio integrado por PHX Aqua, Rowing, la brasileña Arcos y Transclor presentó la oferta más alta, por US$340,2 millones, y superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo competidor encabezado por Roggio. Sin embargo, ambas propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que esperaba recaudar el Gobierno.
| Consorcio oferente | Integrantes principales | Oferta |
|---|---|---|
| Mejor posicionado | PHX Aqua, Rowing, Arcos y Transclor | US$340,2 millones |
| Competidor | Roggio ROAS y socios | US$285 millones |
La adjudicación todavía debe formalizarse, luego de la evaluación de las ofertas y las eventuales impugnaciones. El esquema prevé transferir el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
Radiografía del consorcio mejor posicionado
El grupo combina capital financiero, experiencia operativa y empresas vinculadas con el sector:
- PHX Aqua (55%): vehículo de inversión que participaría en la estructuración financiera del proyecto.
- Rowing (20%): firma de ingeniería y construcción encabezada por Walter Román.
- Arcos Saneamento (15%): operador brasileño con experiencia en servicios de agua y saneamiento.
- Transclor (10%): empresa química de Mauricio Filiberti, proveedora de insumos utilizados por AySA para potabilizar el agua.
El plan contempla inversiones de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y un compromiso total cercano a los US$15.000 millones durante la concesión.
La participación de Transclor plantea interrogantes sobre los controles para prevenir conflictos de intereses si el consorcio asume la gestión de AySA. Filiberti también integra el grupo de control de Edenor junto con Daniel Vila y José Luis Manzano.
Además, Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto General bonaerense, señaló aportes de empresas vinculadas al holding Equo Capital a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Los vínculos fueron objeto de cuestionamientos públicos, aunque no prueban por sí mismos irregularidades en la licitación.
La propuesta que quedó en el camino
El grupo encabezado por Roggio ofertó US$285 millones, unos US$55,2 millones menos que el consorcio mejor posicionado. El holding cordobés administra el subte porteño mediante Emova, el ferrocarril Urquiza a través de Metrovías y el servicio de agua en Córdoba con Aguas Cordobesas.
El bloque también incluyó a Hidrosan Capital y Aguas del Plata, vinculada con la familia Chamas, con actividades en servicios sanitarios y desarrollos turísticos en Corrientes.
Cuestionamientos por la valuación
Uno de los principales cuestionamientos es que la licitación se realizó sin un precio mínimo de referencia y que la tasación del patrimonio de AySA no fue difundida públicamente. Esto dificulta conocer cómo se estableció el valor de una empresa cuya infraestructura se construyó durante décadas con recursos públicos.
Martello reclamó información sobre la valuación de las acciones y los pasivos ambientales, y promovió una presentación judicial para obtener documentación sobre el proceso. Por su parte, la diputada nacional Julia Strada informó sobre una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas relacionada con distintos procedimientos de privatización. Los planteos deberán evaluarse en las instancias correspondientes y no constituyen, por sí mismos, una determinación de irregularidades.
Tarifas y acceso al agua
La operación también abre interrogantes sobre el precio y la calidad de un servicio esencial. El Gobierno propuso aumentos tarifarios de hasta el 22,6% para parte de los usuarios del área de concesión. Según cifras citadas por Martello, una nueva categorización podría generar unos US$93 millones anuales adicionales para AySA, aunque se trata de una estimación de ingresos y no de ganancias netas.
A su vez, el Decreto 805/2025 habilitó la posibilidad de interrumpir el suministro por falta de pago bajo determinadas condiciones. La medida genera preocupación por su impacto potencial en los hogares con dificultades económicas.
En paralelo, una cautelar confirmada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata limita la posibilidad de que AySA altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente. La resolución no anuló automáticamente la licitación, pero establece obligaciones que deberán respetarse.
El antecedente de la gestión privada
En la década de 1990, el servicio estuvo concesionado a Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez. En 2006, el Estado rescindió el contrato y creó AySA.
Desde entonces se ampliaron las redes de agua y cloacas. En el área original de concesión, la cobertura de agua pasó del 76% de la población en 2006 al 85% en 2022, mientras que la cloacal subió del 57% al 72,6%.
La nueva privatización vuelve a poner en discusión el papel del Estado y del sector privado en la gestión del servicio. El cumplimiento de las inversiones, los controles sobre la concesión y la evolución de las tarifas serán claves para evaluar sus efectos sobre los usuarios.
El Gobierno define la concesión de AySA entre dos grupos empresarios
