El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones a un consorcio privado y estableció el 13 de noviembre como fecha límite para firmar el contrato de compraventa. Sin embargo, el proceso de privatización mantiene interrogantes sobre uno de los integrantes del grupo ganador: una sociedad extranjera cuya estructura de propiedad no está detallada en la resolución oficial.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el martes 20 de octubre. El consorcio seleccionado está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA.
La propuesta ganadora superó por US$55,2 millones a la presentada por el grupo encabezado por Roggio, que quedó en segundo lugar con una oferta de US$285 millones.
La adjudicación constituye un paso previo a la transferencia del paquete accionario estatal, aunque la operación todavía debe completarse con la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego.
Las dudas sobre el fondo extranjero
Uno de los principales puntos bajo observación es PHX Aqua AR BV, una sociedad constituida en los Países Bajos y vinculada con Phoenix Global Investment Fund BV, un vehículo financiero radicado en Curaçao.
Según versiones difundidas en el mercado, PHX tendría una participación del 55% en el consorcio ganador. El resto se distribuiría entre Rowing, con el 20%; Arcos Saneamento, con el 15%; y Transclor, con el 10%. Sin embargo, esos porcentajes no pudieron ser corroborados a partir de la resolución de adjudicación.
Los registros empresariales neerlandeses identifican a PHX Aqua AR BV con domicilio en Ámsterdam y señalan que la sociedad fue constituida en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de las ofertas técnicas de la licitación, realizada el 15 de septiembre.
La información comercial disponible también la clasifica dentro de las actividades vinculadas con sociedades financieras. A su vez, los datos reunidos vinculan a la firma con Phoenix Global Investment Fund BV, cuya administración está relacionada con Amicorp Fund Services NV.
No obstante, la documentación oficial examinada no identifica a los beneficiarios finales de PHX ni permite establecer quién ejerce el control último de esa estructura societaria.
Los requisitos financieros de la licitación
El pliego de privatización, aprobado mediante la Resolución 704/2026, establece condiciones específicas de solvencia económica para los participantes.
Entre ellas, exige acreditar un patrimonio neto consolidado de al menos US$300 millones. Para las ofertas integradas por fondos de capital privado, consorcios o estructuras plurales de administración de activos, también contempla la obligación de demostrar un mínimo de US$1.000 millones en activos bajo gestión.
Las condiciones permiten que, en determinadas presentaciones conjuntas, algunos requisitos financieros y patrimoniales se acrediten mediante la suma de las capacidades de dos participantes.
Además, el artículo 5.7.1 del pliego obliga a identificar a los integrantes de cada oferta y a las personas que ejercen su control. Cuando participan varias empresas, también deben declarar de manera vinculante los porcentajes que tendrá cada una en el capital social de la futura sociedad operadora.
La primera etapa de la licitación fue aprobada mediante la Resolución 1722/2026, del 5 de octubre, luego de que la Comisión de Evaluación analizara las propuestas técnicas, solicitara subsanaciones y recomendara admitir a ambos consorcios.
Sin embargo, las resoluciones examinadas no reproducen la distribución accionaria comprometida ni detallan qué sociedad acreditó los requisitos patrimoniales. Para precisar esos puntos, resulta necesario acceder a la documentación complementaria presentada durante el procedimiento.
Quiénes integran el consorcio ganador
Además de PHX Aqua AR BV, el grupo adjudicatario reúne a empresas argentinas y brasileñas con antecedentes en distintos sectores.
Rowing SA está vinculada con el empresario Walter Román, mientras que Transclor SA es controlada por Mauricio Honesto Filiberti, quien también participa indirectamente en Edenor, la distribuidora eléctrica vinculada con el exministro José Manzano.
Transclor cuenta con antecedentes como proveedora de productos químicos utilizados en procesos de potabilización de agua, una actividad relacionada con los servicios que presta AySA.
La cuarta integrante del consorcio es Arcos Saneamento e Participações, una firma brasileña vinculada con el grupo Equipav, que aporta experiencia en la operación de servicios de agua y saneamiento.
El pliego exige que el operador técnico tenga una participación mínima del 15% dentro del oferente. Según la evaluación oficial, esa condición fue considerada cumplida durante la etapa de preselección.
La tasación oficial y el valor de las ofertas
La resolución de adjudicación sostiene que las dos propuestas económicas resultaron razonables de acuerdo con la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Como antecedente, el documento cita la nota NO-2026-97603120-APN-VE#BICE. Sin embargo, no informa el monto de la valuación ni el rango económico utilizado para evaluar las ofertas.
Aunque la licitación se convocó sin un precio base, el artículo 8.3 del pliego establece que una propuesta puede considerarse inconveniente si queda por debajo del mínimo del rango de sensibilidad de la tasación.
De este modo, las condiciones del procedimiento contemplan un umbral económico para evaluar las propuestas, pero su valor no aparece detallado en la resolución que formalizó la adjudicación.
Qué ocurrirá el 13 de noviembre
El artículo 6 de la Resolución 1818/2026 fija el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato de compraventa. Antes de esa fecha, los cuatro integrantes del consorcio deberán constituir una sociedad argentina que actuará como operador estratégico y tendrá como objeto exclusivo adquirir y mantener las acciones de AySA.
De acuerdo con el pliego, cada participante deberá conservar en esa nueva sociedad el mismo porcentaje accionario que declaró al presentar su oferta.
La transferencia comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El precio deberá abonarse al momento del cierre y la operación se perfeccionará con la firma del contrato. Si el adjudicatario incumple las obligaciones previas, el Ministerio de Economía podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, fijada originalmente en US$25 millones, y evaluar la posibilidad de avanzar con el segundo oferente.
Así, el proceso de privatización entra en su etapa decisiva con una fecha establecida para formalizar la venta, mientras persisten interrogantes sobre la estructura societaria del consorcio ganador que deberán esclarecerse a partir de la documentación presentada en la licitación.
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