En medio de la disputa con las provincias, y luego que Javier Milei convocara a los gobernadores al “Pacto del 25 de Mayo”, el Presidente le dio el control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que sigue ganando influencia en el manejo del dinero del país.
En una entrevista reciente, el jefe de Estado anticipó su intención de “terminar” con lo que denominó como “cajas negras de la política”, algo que “pone muy nervioso a muchos”. “Hay muchos agentes de la política que viven de eso”, manifestó entonces Milei. Ahora, a través del Decreto 215/2024, designó al Ministerio de Economía “como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
Además, dispuso que la cartera comandada por Caputo, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, “o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar -dentro del plazo de 60 días (…)- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”. Caputo podrá prorrogar este plazo “por otro similar y por única vez”.
En el decreto se establece además que Economía efectuará, “cuando corresponda”, las “adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto”. “Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, completó Milei.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El primero de ellos transfiere ciertos activos o propiedades al segundo, quien los gestiona, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, para favorecer al último. En la práctica, los gobernadores y la Nación utilizaron este mecanismo legal para poder avanzar con diferentes proyectos -como obra pública- que no estén contemplados en el presupuesto anual aprobado por el Congreso. Algunos de los que ya existen son, por ejemplo, los programas de fomento de algunos sectores productivos o incluso el plan “Procrear”, destinado a la construcción de viviendas para los sectores humildes, entre muchos otros.
Viaje a la Asamblea Anual del BID
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará esta semana a la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya aprobó créditos para la Argentina por US$ 12.207 millones. El funcionario viajará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La reunión con el organismo que preside el economista brasileño Ilan Goldfajn se realizará en Punta Cana, República Dominicana, del 6 al 10 de marzo. En este marco, designaron al economista Miguel Braun como el nuevo representante argentino ante el BID.
Asimismo, el objetivo del Gobierno es redireccionar algunos proyectos del BID, que a su vez busca agilizar la ejecución de ciertos créditos que se ponen en marcha de forma lenta, un problema que se arrastra desde la gestión anterior.
Por su parte, Goldfajn indicó en la cumbre del G20 que buscará asistir a la Argentina en su proceso de ajuste fiscal para asegurar que sea ordenado y sustentable.
