Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF anticiparon que solicitarán a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska que avance con sanciones económicas contra la Argentina, a raíz de las demoras en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios requeridos en el proceso judicial.
El planteo fue presentado esta semana por Petersen y Eton Park, fondos que obtuvieron una sentencia favorable y que vendieron sus derechos de litigio al fondo Burford Capital, tras el fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones. Según los demandantes, la Argentina incurre en “maniobras dilatorias” y no cumple en tiempo y forma con las órdenes del tribunal.
Pedido de desacato y multas
En el escrito, los demandantes solicitaron que Preska fije un cronograma para sustanciar una declaración de desacato y definir penalidades económicas. Propusieron que la moción se presente el 15 de enero, que la respuesta argentina se produzca el 19 de febrero y que la réplica se concrete el 5 de marzo, esquema que contó con el consentimiento del Estado argentino.
Ya en audiencias previas, el abogado de los fondos había advertido que, de persistir la falta de entrega de la información, avanzarían con sanciones, presunciones adversas y multas monetarias. Los demandantes sostienen que, pese a órdenes expresas de la jueza, la documentación continúa llegando “a cuentagotas”.
El objetivo: el “alter ego” del Estado
El trasfondo del reclamo apunta a probar que organismos como el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina o Aerolíneas Argentinas operan como “alter ego” del Estado nacional, lo que podría habilitar embargos sobre sus activos. Para ello, exigen el acceso a comunicaciones por fuera de los canales oficiales, que —según afirman— evidenciarían cómo se toman decisiones entre esas entidades y el Poder Ejecutivo.
En presentaciones anteriores, los demandantes mencionaron a Sergio Massa, exministro de Economía; Luis Caputo, actual ministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, entre los funcionarios que —según indicaron— no entregaron sus chats. También señalaron que otros funcionarios rechazaron el pedido o no respondieron a las solicitudes cursadas por el propio Estado.
La posición del Gobierno
La Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que los dispositivos son personales y que la entrega del material depende de la voluntad individual de cada funcionario. En documentos previos, la defensa argentina afirmó que hubo colaboraciones parciales y detalló los nombres de quienes aún no confirmaron su participación en el proceso.
Preska ya ordenó que hubiera avances y fijó audiencias para el 10 y el 29 de enero, mientras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York analiza la apelación presentada por la Argentina contra el fallo de fondo por la expropiación de 2012. La magistrada deberá ahora definir los próximos pasos en una causa que sigue sumando presión financiera y judicial sobre el Estado argentino.
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