El Gobierno argentino presentó un pedido ante una corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para impedir la ejecución de un fallo desfavorable vinculado a los Cupones PBI en euros, que podría derivar en un pago superior a US$ 1.800 millones.
La estrategia oficial apunta a frenar el avance del proceso judicial fuera del Reino Unido. El principal argumento es que la demanda no tiene jurisdicción en Estados Unidos, por lo que el fallo emitido por una corte de Londres no debería ser reconocido ni ejecutado en ese país.
“La República Argentina solicitó la desestimación del proceso de reconocimiento del fallo emitido por una corte londinense”, explicó Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors, firma especializada en litigios de deuda soberana. Según detalló, este tipo de causas suelen avanzar en dos etapas: primero se define si un fallo extranjero puede ser reconocido y, si eso ocurre, se habilita la búsqueda de activos argentinos para un eventual embargo.
🛑La Rep. Argentina presenta en una corte del Distrito de Columbia un pedido de desestimación del proceso de reconocimiento del fallo por los Cupones PBI en Euros. Los beneficiarios del fallo inapelable de una corte londinense, buscan ejecutar la sentencia en EE.UU. por falta de… pic.twitter.com/gzqxEH6KQu
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) February 3, 2026
Los fondos que impulsan la demanda son Palladian Partners, L.P., HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited. En paralelo, los demandantes afirmaron ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no existen negociaciones en curso “de buena fe” con el Estado argentino para cerrar el conflicto.
El tema volvió al centro de la escena luego de que el Exchange Bondholder Group, que agrupa a inversores históricos en deuda argentina, cuestionara públicamente al presidente Javier Milei a través de la red social X, en respuesta a declaraciones del mandatario sobre la forma en que el Gobierno planea cumplir con sus compromisos financieros.
Milei sostuvo que el Ejecutivo prevé afrontar pagos con organismos multilaterales mediante la venta de activos del Estado, dentro de un esquema de déficit cero. Según el Presidente, una menor oferta de bonos y una mejora de los fundamentos económicos deberían favorecer la suba de los precios de los títulos y contribuir a una baja del riesgo país.
Los Cupones PBI fueron instrumentos emitidos tras las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que establecían pagos adicionales si la economía crecía por encima de determinados niveles. En 2013, ese pago se activaba si el crecimiento del Producto Bruto Interno superaba aproximadamente el 3,22%–3,3% anual.
En 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) modificó la base de cálculo del PBI. Con la metodología anterior, el crecimiento de 2013 rondaba el 4,9%, pero con la nueva base se informó una tasa del 3,2%, por debajo del umbral requerido. El cambio en la base de cálculo implicó que el crecimiento informado quedara por debajo del umbral requerido, por lo que el pago no se activó.
El conflicto se amplió en agosto pasado, cuando un grupo de inversores liderado por Aurelius Capital Management, fondo especializado en litigios de deuda soberana, presentó una nueva demanda en Nueva York por el mismo concepto, con un reclamo estimado en US$ 2.600 millones, incluidos intereses.
Acciones argentinas caen hasta 23% en Wall Street y el riesgo país supera los 500 puntos
