El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un anticipo financiero de $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz, mediante el Decreto 161/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida busca “subsanar dificultades financieras transitorias” que impiden a la provincia cumplir con sus gastos presupuestarios y el pago de deudas, según se expuso en el texto oficial.
En la norma, se explicó que el Gobierno de Santa Cruz se encuentra “impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.
La provincia patagónica enfrenta un complejo escenario fiscal y financiero. Recientemente, el gobernador Claudio Vidal buscó que la Legislatura declare la emergencia económica, financiera y administrativa en el sector público provincial, incluyendo el congelamiento de los salarios estatales. La iniciativa no fue aprobada ante el clima de tensión en las calles.
Ante este escenario, la administración provincial se vio obligada a solicitar asistencia técnica y financiera al Ministerio de Economía nacional, encabezado por Luis Caputo, para evitar una parálisis en la ejecución de su presupuesto.
El auxilio se enmarca en la Ley N° 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto), que faculta a la Nación a otorgar adelantos sobre la participación de las provincias en los impuestos nacionales.
El desembolso total será de $100.000 millones y se hará efectivo durante el transcurso del mes de marzo de 2026. La asistencia es en carácter de préstamo de corto plazo con condiciones estrictas de devolución:
- Tasa de Interés: los fondos devengarán un interés calculado sobre una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.
- Devolución: el anticipo debe ser cancelado dentro del presente Ejercicio Fiscal 2026.
- Garantía de cobro: para asegurar el retorno del dinero, la Secretaría de Hacienda de la Nación queda facultada para realizar retenciones automáticas de la coparticipación federal que le corresponde a Santa Cruz hasta cubrir el capital y los intereses.
En este sentido, la provincia autoriza la retención de sus recursos emergentes de la Coparticipación. Esto significa que el Tesoro Nacional cobrará el monto anticipado más sus intereses directamente de los impuestos coparticipables antes de que los fondos lleguen a las arcas provinciales.
La Contaduría General de la Nación y la Tesorería General, ambas bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, serán las encargadas de registrar la erogación y monitorear el cumplimiento de los pagos.
