La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes en Buenos Aires la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. El equipo, encabezado por la nueva jefa de misión, Joyce Wong, analizará el cumplimiento de las metas correspondientes al segundo trimestre, con foco en el resultado fiscal y la acumulación de reservas.
El Gobierno llega al examen con un superávit primario acumulado de 0,6% del PBI durante el primer semestre, frente al 0,7% previsto para ese período. Para todo 2026, el programa contempla una meta de 1,4% del PBI. En agosto, las cuentas públicas registraron un superávit primario de $1,99 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones.
En materia cambiaria, el Banco Central acumuló compras de divisas por más de US$14.000 millones durante el año. Sin embargo, la evaluación del FMI se centrará en las reservas netas computables según la metodología acordada, además de otros compromisos del programa.
Mientras comienzan las conversaciones, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que las metas del programa están “sobrecumplidas” y sostuvo que la recomposición de reservas netas se encuentra por encima de los objetivos. Se trata de la posición del Gobierno y deberá ser contrastada durante la revisión técnica.
Si el proceso concluye con un acuerdo y luego obtiene la aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina podría acceder a un desembolso de 636 millones de DEG, equivalentes a unos US$869 millones.
Reclamo opositor por el Presupuesto 2027
La llegada de la misión también coincidió con una presentación de diputados de Unión por la Patria (UP) ante la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Los legisladores solicitaron un “urgente análisis” del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso y cuestionaron sus criterios de razonabilidad y transparencia.
La carta concentra sus observaciones en tres aspectos. El primero es el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI): los diputados sostienen que el proyecto no contempla un costo fiscal que estiman en US$3.359 millones anuales cuando el régimen alcance plena ejecución. Ese cálculo es una estimación citada por los legisladores y no una proyección oficial del Gobierno.
El segundo punto es la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla créditos por unos $14,9 billones. Los diputados cuestionan el nivel de detalle sobre el destino de esos recursos y advierten sobre un posible margen de discrecionalidad en su utilización.
Por último, señalan el incremento de la inversión financiera neta, que pasaría de $9,8 billones en 2026 a $17,4 billones en 2027. La presentación sostiene que el proyecto no explica suficientemente el destino de esos fondos.
La presentación ante el FMI corresponde a los legisladores firmantes y no implica una evaluación del organismo sobre el Presupuesto 2027. La misión deberá completar primero su revisión técnica y posteriormente el eventual acuerdo deberá ser considerado por el Directorio del Fondo.
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