El Gobierno avanzó con la desregulación del mercado de la yerba mate y eliminó controles históricos de calidad que regían sobre la actividad. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) modificó su marco normativo y dejó en manos de los operadores privados la responsabilidad sobre la calidad del producto.
Los cambios quedaron plasmados en la resolución 146/2025, que marcó la primera decisión del Directorio del organismo tras la designación de Rodrigo Correa, representante del Poder Ejecutivo Nacional. La norma derogó una serie de regulaciones que el Instituto consideró “desactualizadas y obsoletas”, con el objetivo de avanzar en la «simplificación administrativa y la libre iniciativa privada».
La desregulación del sector forma parte de los lineamientos impulsados desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, presidente de la Nación. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 ya había planteado una modernización del INYM, limitando su rol a tareas de verificación y evitando su intervención en la formación de precios.
En esa línea, el decreto 812/2025 derogó normas vinculadas a la fijación de precios de la materia prima y ordenó al Instituto revisar y adecuar su normativa en un plazo de 30 días, prohibiéndole establecer medidas que distorsionen el mercado o restrinjan la libre oferta y demanda.
Fin de la suspensión de cosecha
Entre las medidas más relevantes, se eliminó la suspensión obligatoria de las actividades de cosecha y secanza durante los meses de octubre y noviembre. Esa restricción estaba orientada a proteger los ciclos biológicos de la planta y garantizar estándares mínimos de calidad, pero ahora fue interpretada como una prohibición que “impide la libre competencia”.
Desde el INYM aclararon que, a partir de ahora, será responsabilidad de cada operador respetar los ciclos de brotación y floración de la yerba mate y asegurar la calidad del producto que se comercializa, incluso durante esos períodos sensibles.
Debate en las provincias productoras
La decisión generó fuertes discusiones en las provincias yerbateras. Mientras algunos sectores advierten que la desregulación deja sin protección a los pequeños productores, otros consideran que la medida favorece la competencia y reduce costos regulatorios.
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