El Gobierno inició el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la transferencia del 90% de las acciones hoy en manos del Estado, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La decisión se formalizó este viernes durante una conferencia en Casa Rosada y se encuadra en lo dispuesto por la Ley de Bases, que habilita la venta de empresas públicas.
El esquema diseñado contempla una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, junto con una oferta pública inicial en la Bolsa que abrirá el capital a otros inversores. El 10% restante de las acciones quedará en poder de los empleados, bajo el Programa de Propiedad Participada, lo que les garantiza presencia en el Directorio de la firma.
“Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023”, justificó Adorni, quien además denunció que durante el último gobierno se destinaron 4.800 millones de dólares en gastos “para hacer campaña”.
Riesgos en tarifas y acceso
El anuncio reactivó el debate sobre las consecuencias de privatizar un servicio esencial. La iniciativa contempla que las obras futuras sean financiadas por los usuarios y que el nuevo operador pueda aplicar tarifazos trimestrales indexados por inflación. También se evalúa habilitar el corte de servicio por mora, algo hoy no permitido para usuarios residenciales.
“El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, advirtió el abogado Pablo Serdán. En la misma línea, Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, afirmó que “el Estado quiere que sea la gente quien financie la ecuación económica de las empresas”.
En lo inmediato, el Gobierno no definió cómo será el nuevo cuadro tarifario, ni qué ocurrirá con los planes de pago vigentes o con la tarifa social, que hoy beneficia al 40% de los clientes. En lo que va del año, las facturas de AySA ya aumentaron más del 330%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
Además, se cerraron varias oficinas físicas en el conurbano, reemplazadas por una plataforma virtual. “Habrá aumentos, pero no están previstas inversiones para mejorar presión o extender redes”, alertó Boada.
La privatización se formalizará en los próximos meses, regulada por la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo declarado de “ajustarse a estándares nacionales e internacionales”. El Gobierno apuesta a un cierre rápido, motivado por la necesidad de reforzar reservas en dólares. Pero la experiencia previa y la falta de precisiones despiertan preocupación en usuarios, expertos y organizaciones de defensa al consumidor.
Precedente conflictivo en los ’90
La privatización de AySA no es nueva: entre 1993 y 2006 la empresa —bajo el nombre Aguas Argentinas— fue operada por el Grupo Suez. Durante ese período se aplicaron aumentos dolarizados, con revisiones tarifarias anuales y extraordinarias que mejoraron los márgenes empresariales pero no se tradujeron en inversiones. La concesión fue revocada tras numerosos problemas en la calidad del servicio, presiones bajas, cortes frecuentes y contaminación del Riachuelo por mala gestión de efluentes.
El fracaso de esa experiencia derivó en la reestatización durante el gobierno de Néstor Kirchner, que permitió una expansión significativa: se amplió la cobertura de agua al 83% y de cloacas al 63%, con obras para 2,3 millones de personas.
