Si bien el Gobierno nacional espera que febrero haya cerrado con una inflación menor al 6% -cifra que igualmente ya atravesará el umbral de los tres dígitos para llegar al 100% en la medición interanual-; los últimos datos del alza de precios han sumado preocupación en el Ejecutivo porque marcan nuevamente la poca eficacia de los acuerdos sectoriales en materia alimentaria.
Un estudio de la consultora LCG, en efecto, reveló el fin de semana que la inflación de alimentos en las últimas cuatro semanas fue del 6,4%, cifra bastante más alta del límite del 4% que alguna vez pretendió establecer el Gobierno. El trabajo toma en cuenta la evolución de los precios de la primera semana de marzo y las tres precedentes de febrero. No obstante, el 6,4% de aumento en todo el índice implica una desaceleración del 0,4% respecto a la semana previa. Según el estudio, tres de las 10 categorías presentaron subas por encima del 6,4%: lidera la carne (11,4%), sigue panificados (8,3%) y productos lácteos y huevos (7,9%).
El dato cobra gravedad teniendo en cuenta que los alimentos son los productos de consumo masivo que tienen más peso en la canasta de las clases populares, que encima no suelen llegar a los acuerdos de precios establecidos por el Gobierno (ver Los…). Mañana, el Indec dará a conocer la inflación de febrero -que según cálculos privados se ubicaría entre el 5,8% y el 6,2%- con la esperanza de que sea menor a seis dígitos para poder contrastar con los números de enero (que cerró en 6%).
Pero los anticipos no son alentadores: la semana pasada, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró un avance del 6% en febrero, con una suba del 7,7% en alimentos y bebidas. El impacto más importante fue para la carne, que habría llegado a las góndolas con alzas de más del 20%, según los analistas. La llamada “inflación de los trabajadores”, que calcula la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), relevó este viernes un avance de 6,3% para el mes pasado, llegando al 101,8% interanual por primera vez desde 1990.
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) reveló además que los precios de los agroalimentos se incrementaron en febrero 3,1 veces más del campo a la góndola, por lo que los consumidores pagaron 3,1 pesos por cada peso que recibieron los productores, según el estudio elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En promedio, la participación del productor explicó el 33,6% de los precios de venta final.
Los pobres deben pagar más que el resto
En lo va de 2023, la suba en los precios de los alimentos por encima de la inflación repercutió en la brecha de consumo entre los sectores de menores ingresos y los de mayor poder adquisitivo.
La principal razón es que el programa oficial de Precios Justos no llega a los comercios mas pequeños, en donde aumentan más los precios y adónde eligen comprar los hogares con menores ingresos.
Estas diferencias van del 30% al 80% dependiendo el producto. Si bien esta tendencia viene del año pasado, se fue acentuando en 2023 por la pérdida del salario real, presionado por la inflación, que se profundiza en los niveles socioeconómicos más bajos: en 2022, el segmento de la mitad más rica de la población perdió ingresos por 1,6% en promedio, mientras que al 50% más pobre perdió un 3,3%.
Además, en los supermercados con Precios Justos, la clase media o de altos ingresos puede pagar con tarjetas y aprovechar las promociones, algo que no sucede en almacenes de barrio.
