El Gobierno de La Pampa presentó este lunes una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender los artículos del Decreto 982/2026 que modificaron el reparto de las regalías hidroeléctricas generadas por la represa Los Nihuiles y otorgaron a Mendoza el 100% de esos recursos.
El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, informó que la presentación judicial busca frenar de manera inmediata los efectos de la norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, expresó Ziliotto.
La decisión nacional puso fin al esquema mediante el cual La Pampa y Mendoza se repartían las regalías correspondientes a la central hidroeléctrica ubicada en territorio mendocino. Para la administración pampeana, el cambio desconoce derechos respaldados por leyes, acuerdos entre las partes y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El reclamo por el río Atuel
El planteo provincial está vinculado además con el histórico conflicto por el uso de las aguas del río Atuel. Ziliotto recordó que la Corte Suprema reconoció la interprovincialidad del curso de agua en distintos fallos y volvió a sostener que La Pampa tiene derechos sobre los beneficios derivados de su aprovechamiento.
“El río Atuel también es pampeano”, afirmó el mandatario, al referirse a las resoluciones judiciales de 1987, 2017 y 2020.
Según la posición de La Pampa, Los Nihuiles produce energía a partir de un curso de agua cuya condición interprovincial fue reconocida por la Justicia. Por ese motivo, la provincia sostiene que también le corresponde una participación en las regalías generadas por la represa.
A su vez, Ziliotto recordó un acuerdo firmado en 1992 entre el Estado nacional, La Pampa y Mendoza, posteriormente homologado por la Corte Suprema. De acuerdo con el planteo pampeano, ese convenio estableció el pago de regalías a La Pampa en los porcentajes previstos por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73.
“Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes”, cuestionó el gobernador.
Con la presentación de la cautelar, el conflicto pasó ahora al ámbito judicial. La Justicia Federal deberá determinar si corresponde suspender provisoriamente los efectos del Decreto 982/2026, mientras continúa la disputa entre ambas provincias por el río Atuel y los recursos derivados de Los Nihuiles.
“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, aseguró Ziliotto al confirmar la presentación. “Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”.
