El gobierno de Córdoba anunció ayer que el bono de 60.000 pesos dispuesto por el Estado nacional en dos tramos ya está incorporado en el acuerdo paritario firmado recientemente con los agentes de la administración pública provincial. Como se recordará, esa suma fija anunciada por la Casa Rosada está destinada a los trabajadores de la administración nacional, y a los empleados del sector privado.
Sobre el particular, la Provincia recalcó que “en Córdoba el trabajador público estatal provincial que menos percibirá de incremento en agosto es $ 33.000. Los haberes con dicho aumento (20%) se liquidarán según el cronograma publicado” a partir de mañana.
Asimismo, destacó que “a medida que el agente desempeña tareas en una categoría superior del escalafón el incremento es mayor”. Además, en septiembre se sumará a los sueldos un incremento del 7%, en relación a agosto.
“El bono anunciado a nivel nacional se plantea como un aumento a cuenta de futuras paritarias y solo para trabajadores con sueldos inferiores a $ 400.000. Asimismo, se establece que en caso de existir en estos meses aumentos por paritarias, esos incrementos se descontarán del monto de $ 30.000 mensuales”, se indicó desde el Centro Cívico.
A continuación, la administración de Juan Schiaretti hizo especial hincapié en recalcar que “en Córdoba, el aumento está consolidado en el acuerdo recientemente firmado con las entidades gremiales y ningún trabajador perteneciente a los escalafones que suscribieron acuerdo (independientemente de que el sueldo de bolsillo supere los $ 400.000 mensuales) cobrará menos de $ 33.000. Dicha cifra es remunerativa, motivo por el cual impacta proporcionalmente en los jubilados”.
También “se acordó y, por lo tanto, se garantiza que el aumento en los meses siguientes seguirá el ritmo de la inflación y no perderá contra la misma, dando certezas a los trabajadores”, remarcó la Provincia.
Enfático rechazo del G6 al pago del plus
Por otra parte, el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) rechazó de plano la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y setiembre. Al respecto, la entidad solicitó firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar dicha obligación.
“Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas”, consideró.
En un comunicado, detalló que “las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos `adelantos´ salariales”. “Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, expresó el G6.
Al mismo tiempo, sostuvo que “las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances”.
Por último, estimó “urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”.
Como se sabe, el G6 está integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción – delegación Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba.
