Las provincias argentinas finalizaron 2025 con un panorama fiscal más complejo que el registrado un año antes. Tras haber exhibido superávit en 2024, el conjunto de las administraciones subnacionales cerró el último ejercicio con déficit, afectado por la debilidad de la actividad económica y el menor ritmo de crecimiento de la recaudación.
La situación financiera explica parte del malestar expresado por varios gobernadores durante los últimos meses y la decisión adoptada por el Gobierno nacional en marzo, cuando habilitó el adelanto de recursos de coparticipación para asistir a las jurisdicciones.
Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a estadísticas de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC. El estudio tomó en cuenta la ejecución presupuestaria consolidada de 23 provincias, excluyendo a La Pampa por falta de información completa.
Según el reporte, el gasto primario de los estados provinciales creció un 6,8% en términos reales respecto de 2024, mientras que los ingresos totales avanzaron a un ritmo menor, con una suba del 3,4%. Esta diferencia terminó generando un deterioro de las cuentas públicas.
Como consecuencia, el resultado primario pasó de un superávit equivalente a $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores de mayo de 2026. Si se consideran además los compromisos de deuda, el resultado fiscal total cerró con un saldo negativo de $3,6 billones, en contraste con los $2 billones positivos registrados en el período previo.

El informe señala que el principal motor del incremento del gasto fue el rubro de personal, que explicó el 43% de la expansión del gasto primario. También se observaron aumentos en la inversión real directa, que avanzó un 23,1%, y en las prestaciones de la seguridad social, con un crecimiento real del 11%.
Por el lado de los recursos, la mejora estuvo impulsada principalmente por la recaudación propia de las provincias y por las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. En particular, los impuestos de Sellos y Automotor registraron aumentos reales del 28,7% y 21,8%, respectivamente.
En términos globales, el déficit fiscal consolidado de las provincias durante 2025 representó el 2,1% de sus ingresos totales y el 0,33% del Producto Bruto Interno, reflejando el impacto de un contexto económico más débil sobre las finanzas de los distritos.
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