El Gobierno nacional modificó el mecanismo de cálculo para financiar la Tarifa Social Federal en el transporte público de todo el país a partir del 1° de julio de 2026. La medida busca dar previsibilidad al gasto del Estado ante las subas de boletos que dictan los municipios y las provincias. La decisión no altera el universo de beneficiarios ni el porcentaje de descuento que reciben los usuarios en sus viajes.
Cambios en el financiamiento del boleto
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta norma, el subsidio estatal se calculará sobre tarifas de referencia fijas en lugar de ajustarse automáticamente a los aumentos locales. Para las líneas provinciales y municipales, el Ejecutivo nacional tomará como base los valores vigentes al 30 de junio de 2026.
El texto oficial aclara que las jurisdicciones locales conservan la potestad para fijar sus propios cuadros tarifarios o añadir beneficios con recursos propios. La dinámica anterior generaba un impacto automático imprevisible sobre las arcas nacionales, según argumentó el organismo nacional en un comunicado de prensa. Cuando una provincia o municipio decida aplicar una gratuidad mayor, deberá asumir el financiamiento correspondiente de esa diferencia.
Alcance del beneficio y subsidio directo
El cambio administrativo no modifica el acceso a la rebaja para los pasajeros que utilizan la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico de manera personalizada. El nuevo esquema mantiene la cobertura para más de 5.500.000 personas, quienes continuarán pagando sus viajes con un 55% de descuento. El universo de beneficiarios incluye a jubilados, pensionados, empleadas domésticas, monotributistas sociales y titulares de la Asignación Universal por Hijo.
Esta medida profundiza la política iniciada en febrero de 2024 con la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. Las autoridades nacionales recordaron que la estrategia busca subsidiar directamente a la demanda y no a las empresas prestatarias del servicio. «La totalidad de la asistencia nacional destinada al transporte automotor se concentra en los beneficiarios de la Tarifa Social Federal», señalaron desde la Secretaría de Transporte.
Implementación en etapas por límites técnicos
La aplicación del nuevo sistema de cálculo sobre tarifas de referencia se realizará de forma gradual en las 71 localidades que cuentan con el servicio. La firma Nación Servicios S.A., operadora tecnológica de la plataforma, advirtió que sus sistemas centrales actuales no permiten una modificación inmediata. Por este motivo, el personal técnico implementará reglas de parametrización transitorias compatibles con la infraestructura informática disponible.
Los costos que requiera la puesta en marcha de la resolución serán cubiertos por fondos provenientes del Tesoro Nacional. Estos recursos se transferirán de manera directa al fideicomiso que fue creado originalmente mediante el decreto 976/2001. La norma ratifica las tarifas de la Resolución 27/2026 para los servicios de jurisdicción nacional y ferroviarios que sirven de base regulatoria al nuevo esquema.
Es logico. Los beneficiarios deben ser los usuarios y no los municipios.