El programa económico impulsado por el presidente Javier Milei genera una creciente preocupación en distintos sectores productivos del país. Uno de los más afectados es la industria textil, un rubro clave por su capacidad de generar empleo y valor agregado a nivel federal.
Desde la Fundación Pro Tejer, presidida por Luciano Galfione, advirtieron que el sector atraviesa una de sus peores crisis. La reciente rebaja de aranceles a productos importados como indumentaria, calzado y telas se suma a una fuerte caída del consumo interno y la falta de acceso al crédito. El resultado, aseguran, es un escenario que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción local.
Tanto Pro Tejer como entidades como la Federación de Industrias Textiles (FITA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) alertaron que las actuales medidas gubernamentales, sin políticas de desarrollo ni protección, profundizan la desigualdad frente a productos que llegan del exterior con menores costos impositivos y laborales.
“La industria textil es utilizada como chivo expiatorio del conjunto del entramado industrial”, lamentaron desde la Fundación, y aseguraron que esta situación afecta a toda la cadena agrotextil, siendo el sector de la confección el más vulnerable. Las PyMEs son especialmente golpeadas, ya que carecen de herramientas financieras para afrontar una caída prolongada en la actividad.
Entre los factores más críticos que afectan al sector destacan la pérdida de poder adquisitivo, que impacta directamente en la demanda de indumentaria, la apreciación del tipo de cambio, y los altos costos estructurales. “La competitividad de la industria está asfixiada”, señalaron.
Además, denunciaron que los valores de importación son los más bajos en once años y que la ausencia de controles aduaneros y la subfacturación crean una competencia desleal. También reclamaron una reforma tributaria con perspectiva productiva y federal, que alivie la carga fiscal sobre la producción nacional.
Como respuesta a la crisis, desde Pro Tejer proponen un conjunto de medidas de emergencia, como facilidades de financiamiento, reducción de costos operativos y una modernización del marco laboral. A largo plazo, plantean reformas estructurales que mejoren la competitividad sistémica, la regulación del comercio y el fortalecimiento del control sobre los productos que ingresan al país.
Pese al golpe que significó la apertura de importaciones, la industria busca mantener el diálogo con el Congreso, donde aseguran haber encontrado mayor receptividad que en el Ejecutivo. “No se vislumbra en el Gobierno libertario interés en una política industrial”, remarcaron, aunque valoraron el acercamiento de legisladores en la Comisión PyME.
Por último, insistieron en que sin recuperación del poder de compra, cualquier llamado a consumir productos nacionales tiene poco impacto: “Sin ingresos, no hay demanda agregada que sostenga la producción local”.
La industria textil, que durante la pandemia demostró ser estratégica para responder ante una crisis global, advierte que debilitarla hoy “es una renuncia al futuro productivo del país”.
